Salir a parar un desahucio y volver con miles de euros en multas: "La represión se ha vuelto sistemática"

"La última vez me identificaron nada más bajar del autobús. Llevo toda la vida movilizándome y nunca había visto algo tan exagerado". Israel (Madrid, 1980) milita desde hace 30 años en distintos colectivos sociales de Madrid. La emergencia habitacional lo puso en contacto "hace dos o tres veranos" con la plataforma PAH Vallekas. Israel ha participado durante este tiempo en manifestaciones, asambleas y decenas de acciones para intentar frenar desahucios. "La violencia siempre ha sido habitual. Estamos acostumbrados, pero una cosa es la violencia y otra que te empiecen a llegar sanciones de este calibre", reivindica en una conversación con Público.

PAH Vallekas acumula "más de 20.000 euros" en multas. La represión, dicen, ha aumentado "tras las primeras manifestaciones" por el derecho a una vivienda digna; las protestas que llenaron las calles de casi todo el país hace menos de un año. "El despliegue policial se adelanta ahora a la noche de antes del desahucio. Está claro que lo hacen para desmovilizarnos. Si los colectivos hacemos la convocatoria a primera hora de la mañana, los agentes llegan a las 21.00 o 22.00 del día anterior", explica. Las primeras sanciones que ha recibido la plataforma se remontan al 18 de octubre de 2024, cinco días después de la marcha contra la especulación y la subida de los precios que desbordó Madrid. Pilar se enfrentaba ese viernes a su segundo intento de desahucio. 

"Estábamos veinte o treinta personas en la puerta y había más compañeras en el interior del domicilio. La Policía nos empezó a identificar, sin más, y al poco tiempo nos llegó una multa de 600 euros", recuerda Israel. Los agentes lo acusan de "obstaculizar la actuación de la Policía Municipal en cumplimiento de sus funciones", tal y como consta en la notificación a la que ha tenido acceso este diario. El procedimiento se abre en virtud de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, más conocida como ley mordaza. La norma lleva una década en vigor. 

Israel tiene otras tres sanciones pendientes. El desahucio de Mariano, retransmitido por Público, le acarreó una multa por tratar de "evitar dicha ejecución" y "proferir insultos y amenazas hacia los actuantes", según recoge el expediente policial. Israel niega los hechos que se le imputan y denuncia una actuación "desproporcionada" por parte de los agentes. "Los compañeros de la PAH nos concentramos en el pasillo que daba al piso de Mariano. Los policías llegaron y nos retuvieron en el portal, a mí me pegaron incluso una patada en la espalda", insiste. El acusado asegura además que "no" llegó a "hablar con los agentes" nada más que para "preguntarles por qué" lo estaban "obligando" a abandonar el lugar. La siguiente multa la recibió en el mes de marzo, a raíz de una "concentración no comunicada" contra un desalojo en la calle Yesero (Vallecas), y la última, hace apenas unas semanas, tras participar en la manifestación por el derecho a la vivienda del 5 de abril. 

"Lo que buscan es desmovilizarnos, está claro, pero aún así el modus operandi resulta extraño, muchas veces llegamos a los sitios y nos tienen perfectamente ubicados", continúa el activista, para luego responder, al ser preguntado por la posible presencia de policías infiltrados en el movimiento: "No tenemos a ninguno identificado, al menos de momento, pero tampoco descartamos esa posibilidad". El Ministerio del Interior ha recalcado en una conversación con Público que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no participan en los desahucios "salvo petición de la autoridad judicial" y que estas funciones son competencia de las policías municipales, "cuyos atestados son los que abren los expedientes sancionadores que instruyen las delegaciones del Gobierno". Este diario también ha contactado con la Delegación del Gobierno de Madrid, sin haber recibido por ahora respuesta.

¿Centrar esfuerzos en recurrir las multas?

Las voces consultadas por Público aseguran que PAH Vallekas no es la única organización que ha estado en el punto de mira durante los últimos meses. "La represión se ha vuelto sistemática desde las manifestaciones de octubre. No son casos aislados", señalan. Maialen –nombre ficticio– participó en una concentración contra el desahucio de Alam y su familia en el barrio de Tetuán (Madrid), también seguido por este medio. Los activistas llegaron a primera hora de la mañana al 207 de la calle Bravo Murillo. La Policía custodiaba la zona "desde mucho antes". La Asamblea de Vivienda de Tetuán terminó la jornada con "4.000 euros" en multas. 

"Los agentes nos dificultaron el acceso al portal desde el primer momento, así que nos quedamos en la boca del metro [a pocos pasos del edificio], apoyados, pero sin bloquear la entrada. Los vecinos subían y bajaban sin problema. La Policía nos acusó de impedir el paso. No tiene sentido, pero es que además al poco tiempo fueron ellos [los agentes] los que cerraron esa misma entrada", recuerda Maialen. Los manifestantes fueron invitados a abandonar el lugar; algunos, "sorprendidos", preguntaron "cuál era el motivo". La multa reporta "proclamas, amenazas e insultos contra la comisión judicial y los agentes", tal y como ha podido comprobar Público. "Lo que gritamos fueron consignas para frenar el desahucio, pero sin insultos, y mucho menos contra los policías. Fue un desahucio en el que además había niñas y niños [compañeros de clase de las hijas de Alam], vaya, totalmente pacífico", defiende la joven. 

Relacionado con este tema

En qué bolsillo está la llave para resolver la crisis de la vivienda y cómo evitar que acabe en el de Vox

Samuel Martínez / Víctor López

La Delegación del Gobierno de Madrid propuso sancionarla con 400 euros. Maialen recurrió la multa. Lo mismo hicieron el resto de los compañeros que fueron identificados. "La Policía nos está empezando a sancionar por intervenir en los desahucios. Llevamos más de diez años organizando acciones de este tipo. ¿Qué ha cambiado para que ahora nos quieran multar? La única relación que vemos es que el movimiento se está haciendo fuerte y está ganando marco discursivo. La represión busca amedrentarnos", insisten desde la Asamblea de Vivienda de Tetuán. El colectivo ha recibido las últimas penalizaciones hace menos de un mes, durante una concentración frente al Ministerio de Consumo. 

La lista de testimonios no termina aquí. A Pablo (Madrid, 1998) lo multaron "tres veces en los últimos seis meses". El primer recibo le llegó en enero, poco después de movilizarse contra el desahucio de Mariano. "Ese día me tuvieron detenido casi diez horas, me tienen que llamar aún para ir a declarar", recuerda. Las otras dos sanciones tienen fecha del 4 de marzo. "El Ayuntamiento de Galapagar no quiere empadronar a todas las vecinas del municipio, unas porque no tienen papeles, otras por la falta de contratos. Lo que hicimos fue acompañarlas durante una acción para exigir su padrón, nada más, nos movilizamos para defender sus derechos", insiste. Pablo milita desde hace años en la Asamblea de Vivienda de Villalba, uno de los municipios de la sierra de Madrid.

Relacionado con este tema

La vida entre escombros y grietas: un fondo de inversión quiere expulsar a Loli y Pepe de sus casas

Víctor López

"Me imputan cosas que nunca hice", defiende el activista. Una de las multas lleva el sello de la Dirección General de la Guardia Civil. Lo acusan de "desobediencia" y de haberse dirigido a los agentes "en tono despectivo, negándose a identificarse". La otra sanción viene por parte del propio Ayuntamiento de Galapagar. Pablo, según reza la notificación, habría seguido una "conducta vandálica o agresiva, mermando la funcionalidad de un servicio público". La ley mordaza vuelve a ser en ambos casos el paraguas. La Asamblea de Vivienda de Villalba suma "ahora mismo 15.000 euros en multas". La estrategia parece evidente, al menos, para los miembros del colectivo. "Lo que buscan con esta escalada de las multas y las detenciones es que el movimiento por la vivienda no siga creciendo, pretenden desgastarnos, conseguir que el tiempo que requieren las labores del propio movimiento se lo dediquemos a recurrir multas y reunir dinero para pagarlas", detalla Pablo.

La segunda causa con más multas en 2024

Los activistas que han hablado con Público coinciden al señalar las grandes movilizaciones de octubre como una suerte de "punto de inflexión". Los pocos datos que existen avalan su postura. El movimiento por la vivienda cerró 2024 como el segundo con más multas a sus espaldas (60), sólo por detrás del movimiento ecologista (85), según datos del informe Diagnóstico del derecho a la protesta: vulneraciones en el Estado español, publicado por Defender a quien defiende. "La represión ha aumentado en los ámbitos de la protesta y la organización ciudadana, principalmente entre las personas que luchan por el derecho a la vivienda y las que participan en acciones a favor del pueblo palestino. El año pasado acabó con dos o tres personas que se pueden enfrentar a penas de cárcel", señalan desde No Somos Delito. La plataforma recuerda que este verano se cumplen diez años de la entrada en vigor de la ley mordaza y aprovecha para exigir de nuevo su derogación. "Era una de las promesas electorales del Gobierno más progresista de la historia", ironizan las mismas fuentes.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid también ha recibido "15.000 euros en multas" tras participar en una movilización contra un desahucio. El motivo de la ofensiva institucional lo tienen claro. "Lo que vemos en este aumento de la represión es una respuesta a un movimiento cada vez más organizado contra un enemigo claramente identificado y delimitado: el rentismo, la especulación inmobiliaria. La clave está en ser estratégicas y desarrollar herramientas para defendernos de los ataques", propone Valeria Racu, portavoz del colectivo. Las voces consultadas por Público confirman que se trabaja en la creación de "cajas de resistencia común", una especie de fondo "preventivo" para canalizar y sufragar las denuncias. Los miembros del movimiento han decidido tomar la iniciativa porque son conscientes de que "la represión va a ir a más", pero no por ello van a dejar de hacer ruido en las calles: "Las multas no van a parar y nosotros tampoco, todo lo contrario, esto nos hará todavía más fuertes".