Trump atenta contra el tipo mínimo global del 15% a los beneficios empresariales y alienta el uso de paraísos fiscales

La versión Trump 2.0 ha empezado a cumplir con su promesa de extender y ampliar, aún más si cabe, su Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) de 2017, la excepcional reducción impositiva sobre las rentas personales y los beneficios empresariales que auspició, como telón de fondo, el histórico alivio impositivo sobre las grandes fortunas con su extenso abanico de deducciones, exenciones y correcciones a la baja de los tipos impositivos. Pero que, de facto, también sirvió para endulzar las declaraciones fiscales de las multinacionales con la permisividad de su Código Tributario al empleo habitual de unas maniobras orquestales en la oscuridad. Ello ha permitido a las áreas legal y fiscal de las firmas utilizar accesos directos a ventajas y créditos fiscales federales.   

Pero Donald Trump quiere más. No se contenta con prorrogar la rebaja de su primer mandato, sino que busca reemplazar sus teclas impositivas maestras. Con un toque adicional de la doctrina MAGA (Make America Great Again) que le caracteriza y que la Heritage Foundation ha insertado en su Project 2025. También en el terreno impositivo. Y no solo con una reducción masiva de la presión fiscal. El ideario trumpista incluye entre sus objetivos la exigencia de renuncia a la soberanía tributaria nacional al poner en cuestión el derecho de cualquier país a gravar a las compañías transnacionales americanas -bajo amenazas arancelarias y diplomáticas al uso- y, por contra, la de preservar esa misma independencia impositiva a los paraísos fiscales.

El primer campo de batalla exterior en el que la reforma tributaria de la Administración Trump, ya en trámite legislativo en el Congreso, va a actuar es en el excepcional acuerdo promovido por su antecesor Joe Biden en el seno del G20 para instaurar un tipo impositivo mínimo del 15% en todo el mundo sobre los beneficios empresariales. Su propósito era acabar con las excepciones, deducciones y exenciones fiscales que dejaban la tributación corporativa global muy por debajo de ese límite y todavía más alejada de los tipos establecidos en las leyes de impuestos de sociedades de los Estados. Para lo cual, dejaba en manos de la OCDE la supervisión y efectiva puesta en liza de este consenso, labrado tras lustros de intentos vanos por parte del G20.

Pero Trump no se caracteriza precisamente por tender puentes de entendimiento. Tanto en el terreno fiscal como en el comercial suele oscilar en el delgado alambre que separa la convicción (se supone que de sus ideas) de la terquedad que impregna en su toma de decisiones, alejadas de cualquier atisbo de flexibilidad posicional. Como lo demuestra la insistencia del Tesoro y del Departamento de Comercio en buscar vías que perseveren en su tenaz defensa de los aranceles recíprocos, pese al varapalo judicial que ha recibido su política comercial esta pasada semana a la que los tribunales americanos han puesto el cartel de ajena a la legalidad, aunque posteriormente levantaran el bloqueo decretado.

También Elon Musk, su principal gran amigo hasta hace unos días, admitía los ataques de cólera del mandatario republicano por la interpretación de los mercados de que acabaría cediendo en sus directrices tarifarias. No parece que vaya a escuchar tampoco versiones contrarias en su plan fiscal. A pesar de que Tax Justice (un think tank que lleva años criticando la existencia de los paraísos fiscales y centros offshore) destaque que las pérdidas por recaudación de las arcas de Hacienda de todo el mundo por evasiones tributarias ascendieron en 2024 a más de 492.000 millones de dólares. En concreto, 347.600 millones procedentes de las empresas, generalmente multinacionales, y 144.800 por elusiones impositivas de grandes fortunas individuales.

Daños económicos y aumento de la litigiosidad fiscal

Por todo ello, su doble rechazo, primero a aceptar la soberanía fiscal de otros países sobre las compañías americanas que operan en sus fronteras y, segundo, al tipo impositivo mínimo del 15% sobre los beneficios empresariales, ha sido calificado de demente, drástico y provocador por los expertos fiscales consultados por la revista británica The Economist. Según la publicación, una de las voces liberales de mayor reconocimiento, la reforma del presidente estadounidense "es otra señal del daño económico global que el regreso de Trump a la Casa Blanca está provocando y que va más allá del comercio".

De hecho, el semanario británico augura "disputas tributarias", pues, como advierte, las empresas "se esfuerzan por obtener beneficios en jurisdicciones de baja tributación". Por ello los gobiernos entran en un "juego de fuertes incentivos para competir entre sí en la reducción de impuestos para atraer inversión". Buena definición de paraísos fiscales o, como le gusta definirlos a instituciones como la OCDE,  "territorios fiscalmente dañinos" por su "baja tributación".

Las amenazas de Trump alcanzarían también a las llamadas reglas BEPS (sobre bases imponibles y el traslado de beneficios) de la OCDE, que buscan evitar la estrategia de situar las sedes corporativas de las compañías en paraísos fiscales, Todo ello podría dejar el agua de borrajas el acuerdo de fijar una presión fiscal básica del 15% sobre los beneficios empresariales. Los fiscalistas consultados por The Economist consideran que la norma "acabará hecha trizas", pese a que el Impuesto sobre Sociedades en EEUU apenas representa el 7% de los ingresos tributarios del país, lejos del 12% de promedio de los socios de la OCDE.

Itai Grinberg, que fue negociador principal de Biden ante esta institución multilateral, lanza una sospecha habitual. El sector privado americano podría haber alentado la demolición del marco legal. Pero -asegura- se equivocan, porque con un aumento de ingresos de dobles dígitos como los que han alcanzado por norma general en el último bienio puede generar disrupciones en la sostenibilidad del dinamismo económico y, sobre todo, una escalada de disputas tributarias.

Entretanto, la OCDE ha expresado su intención de colaborar con la Casa Blanca pese al rechazo del planteamiento de Trump sobre el Acuerdo Fiscal Global. De este pacto afirmó que lo dejaría "sin ningún efecto" el día de su regreso al Despacho Oval, y planteó sus "suspicacias" sobre la política tributaria que va a implantarse en la mayor economía del planeta.

En parecidos términos se manifiesta Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice, para quien Trump "no solo anula las herramientas fiscales traspasadas a la OCDE para supervisar un modelo justo, sino que amenaza con desmantelar lo construido durante el último siglo y llevar al mundo de vuelta a las políticas fiscales de la era de los caciques y ladrones". Cobham pronostica que la intención de la Casa Blanca es "investigar los modelos fiscales de otros países, para aplicar diversas sanciones -todas, a buen seguro, de carácter extraterritorial- a los que no coincidan con los intereses de recortes masivos de su recetario". Pese a que, desde 2013, todas las reformas internacionales se han centrado en limitar la capacidad de las multinacionales para desviar sus beneficios imponibles a centros offshore o directamente a paraísos fiscales.

El perjuicio de la doble rebaja impositiva 'trumpista'

Así lo refleja también el denominado One Big Beautiful Bill Act, que ha iniciado su trámite en un Congreso dominado por el Grand Old Party (GOP) y que pretende captar el interés del 80% del volumen de inversión foránea directa que entra en EEUU. La palanca del capital extranjero es esencial para restaurar el apoyo bursátil americano tras las fugas de Wall Street, el apagón del dólar en el escenario internacional y la supresión de la última triple A (la de la agencia Moody's por la "incierta trayectoria fiscal"). Con el PIB en recesión por la escalada arancelaria, según el Libro Beige de The Conference Board y con una deuda que sobrepasa el 124% de una economía que roza los 30 billones de dólares.

El propio Trump apeló a las inversiones, nacionales y extranjeras, en los actos de sus primeros 100 días de gestión para justificar sus recetas proteccionistas. Mientras, el Comité para un Presupuesto Federal Responsable asegura que el proyecto promovido por el GOP en la Cámara de Representantes ocasionará unos costes de 5,2 billones de dólares.

En vez de los 3,2 billones que admiten los legisladores republicanos y que, para los expertos de este foro de investigación, enmascaran en realidad 1 billón de dólares de deuda y de otros 1,4 billones de déficit en ese mismo periodo.

Balón de oxígeno para los paraísos fiscales

La involución impositiva en EEUU y el rechazo del inquilino de la casa Blanca al gravamen mínimo del 15% sobre las empresas consensuado por los países del G20 puede suponer un balón de oxígeno para los paraísos fiscales. Sin ese consenso entre los países industrializados y los emergentes, "siempre se perpetuarán estos enclaves dañinos de baja tributación", según el rotundo mensaje de Tax Justice. Esta asociación ya cifró entre 21 y 32 billones de dólares el tesoro oculto en estas jurisdicciones en 2014, en plena aparición en escena de los denominados Papeles de Panamá. Estos pusieron a este enclave centroamericano en el ojo del huracán, pero, una vez capeado el temporal, sigue atrayendo capitales ocultos. Igual que en Europa países como Suiza (tachada de paraíso fiscal por la excanciller Ángela Merkel en un caso que salpicó en los juzgados al Deutsche Post y otras grandes fortunas germanas en 2007) o Luxemburgo.

La UE nunca les ha incluido en una lista negra de la que ha ido retirando a Mónaco o Gibraltar por haber propiciado -dice Bruselas- compromisos de intercambio de información fiscal. Aunque los cálculos del dinero que atesoran los paraísos fiscales revelen que sigue en aumento.

Cinco años después del montante barajado por Tax Justice, otro estudio, con datos de la OCDE -institución encargada de supervisar y regular la imposición mundial-, elevaba esta cifra hasta los 36 billones en 2020 justo al inicio de la pandemia, como desvelaba David Carden, el embajador de EEUU ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático e informaba Foreign Policy.

Aunque el último dato, demoledor, procede del economista galo Gabriel Zucman, actual director del Observatorio Fiscal de la UE, quien alertó en 2024 de que la montaña de activos ocultos en paraísos fiscales se ha elevado otro 25% desde entonces, hasta totalizar los 45 billones de dólares. Se trata de una cantidad similar al PIB conjunto de EEUU y China, lo que convertiría a paraísos fiscales, centros offshore y territorios de baja tributación en la primera potencia económica global.