De sufrir solas a luchar en comunidad: el movimiento de madres protectoras coge impulso en España
Estos 30 y 31 de mayo se ha celebrado en Madrid el IV encuentro sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional.
Se trata de una cita para entender qué está pasando en nuestro país con la violencia vicaria, su nexo con la violencia de género institucional (la que ejerce el Estado por acción u omisión) y la necesidad de buscar soluciones efectivas para erradicarlas.

Madrid--Actualizado a
Miles de mujeres en España viven a diario un verdadero calvario silenciado, atrapadas entre la violencia de género, el sistema judicial y la impotencia de, por mucho que quieran, no poder proteger a sus hijos e hijas. Pero esa soledad está dando paso, poco a poco, a una lucha colectiva y organizada. Las llamadas "madres protectoras" llevan años trabajando en paralelo con profesionales para alzar su voz y construir una red de apoyo, formación y, al menos, denuncia pública. Juntas están comenzando a abrir muchas grietas y evidenciar las carencias de unas instituciones que, además de fallarles, les han violentado.
"Yo siempre lo digo: el maltrato es muy duro, la violencia hacia tus hijos e hijas es brutal. Pero la peor violencia es la que te viene del Estado", relata a Público una madre que lleva años batallando contra lo que denomina "violencia institucional". Lleva tres años viendo a su hija en un punto de encuentro, víctima de la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y de la reproducción de todo tipo de sesgos machistas por parte de quienes se supone que tenían que ayudarlas a ella y a su niña. "Desde los cuatro años, mi hija está con el padre. Lo primero que hicieron fue quitarme la custodia. Si insistes en darle voz a tu criatura, te impiden cosas como llevarla al médico porque dicen que les manipulas. Intentamos hacer ver de mil maneras cuando los menores sufren violencia, pero no te creen. Y, si sigues, te condenan", cuenta: "A un padre, en cambio, le van a disculpar siempre".
Estructurar el trauma y organizarse
Sentada en la cafetería de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que este viernes 30 y sábado 31 de mayo ha acogido el IV Encuentro sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, recuerda cómo madres de diferentes puntos del país empezaron a agruparse hace cerca de una década.
El patrón varía más bien poco y siempre comienza con denuncias por abusos o maltrato infantil que no prosperan o que se desacreditan porque se atribuye algún tipo de instrumentalización o patologización a las madres, pérdida de custodia a favor del padre acusado de agredir y violentar a las criaturas, y la criminalización de ellas por intentar proteger a sus pequeños. En definitiva, una maquinaria institucional que desconfía sistemáticamente de su palabra.
"Cuando tú ves que han dicho unas cosas que no son normales, que entran en el campo de la ciencia ficción —como que tú insertas memorias a las criaturas—, ¿qué haces? Investigas", explica. Así comenzó su camino. Contactó con otras madres, con asociaciones gallegas que llevaban décadas advirtiendo de estas dinámicas, y descubrió que este fenómeno no era nuevo: "Si te remontas, hace 25 años ya había madres luchando por esto. Y, si nos ponemos estrictas, podemos remontarlo a cuando se legalizó el divorcio".
"La reacción es: vale, os podéis divorciar, pero os vamos a quitar a los niños", afirma. A esa represión se suma la violencia económica, judicial y social: "Hay madres en situación de calle. Otras desarrollan enfermedades graves, desde depresiones hasta infartos. Algunas se han suicidado", explica. La violencia institucional deteriora su vida al completo.
De la cooperación a la vanguardia feminista
Ana María González Lupión, trabajadora social sanitaria, presidenta de la asociación Mujeres Libres, Mujeres en Paz, y codirectora del IV Encuentro, ha seguido bien de cerca esta transformación colectiva. "Nosotras llegamos aquí por la campaña Mamá está castigada. No estaríamos aquí sin ella", relata. En 2018, conocieron el caso de Sara, médica especializada, víctima de violencia vicaria. "Lo denunció su centro de salud, no ella. La médica, la pediatra y la trabajadora social entendieron la gravedad, pero el sistema no respondió. Ni la protegió ni la creyó. Le dieron la espalda", recuerda.
Sara fue detenida ilegalmente, esposada, exhibida públicamente y separada de sus hijas, una de ellas, sin filiación paterna reconocida: "El arrancamiento fue brutal. Y la justicia no la escuchó, a pesar de tener 25 testigos y pruebas médicas. Fue condenada por secuestro a cuatro años de prisión y pérdida de la patria potestad", apunta González Lupión.
Fue entonces cuando nació Mamá está castigada, una campaña que se inspiró en las palabras de la hija mayor: "Mi mamá se ha portado mal y está castigada sin verme", relató la criatura que le explicaba su padre. En apenas cuatro mes, la campaña permitió que Sara volviera a ver a sus hijas tras más de dos años. Y emergió la idea de juntar todo el conocimiento que habían adquirido, tanto en este caso como en otros como Juana Rivas, en el proceso a través de primer un encuentro estatal en Mérida.
Frente a la decepción política
Aunque reconocen que todo en esta vida es político, estas madres protectoras insisten en que su movimiento no se adhiere a ningún partido: "En todos los partidos hay machismo. Aquel que nos ayude, estupendo. Aquel que no, estamos acostumbradas". Denuncian que el problema es de sobra conocido y reconocido, pero que aún así nadie hace nada: "Este problema lo conoce todo el mundo en España. Desde el Gobierno y los ministerios, hasta el Consejo General del Poder Judicial pasando por el Defensor del Pueblo".
Aún así, trabajan a diario enviando cientos de quejas, estudios de caso, recopilaciones de sentencias y patrones de violencia a defensores del pueblo, fiscalías y universidades. Un trabajo minucioso y grano a grano que realizan sin apenas financiación.
De hecho, así, sin presupuesto, consiguieron reunir a madres, profesionales y hasta a la relatora de Naciones Unidas en esa primera gran reunión. De ahí nació la hoja de ruta estatal con 43 medidas, y una campaña marco: Camino a casa. "No pararemos hasta que niñas y niños ejerzan su derecho a volver a casa con sus madres", explican. Fundaron también la Coordinadora Estatal de Organizaciones contra la Violencia Institucional, inspirada en modelos de cooperación internacional, uniendo a plataformas, profesionales y afectadas: "Todo sin financiación estable. Lo hacemos de noche, los fines de semana, poniendo el cuerpo y la salud", confiesa González Lupión.
"Hay un perfil de madre que es el que más está dando la batalla: somos perfiles profesionalizados. Sabemos lo que hay que saber, tanto a nivel de derecho como psicológico. Nos hemos formado con las mejores. Todas aprendemos de todas", explican. Este tipo de encuentros, como el celebrado este fin de semana en Madrid, sirven para que las madres "vean que esto pasa, que no están solas. Que no están locas. Que hay más. Que nos acompañamos", expresan. Esa comunidad es su mayor sostén, "ese abrazo de 'va a salir bien' aunque sepas que va a salir mal. Pero si sale mal, estás ahí".
A su juicio, el sistema castiga el hecho de no mantener la estructura familiar tradicional. "Si quieres quedarte con tus hijos, quédate también con el señor. Es un pack. ¿Cómo vas a ponerle pegas a hombres tan maravillosos?", se preguntan con ironía. Como consecuencia, los pequeños se convierten en moneda de cambio. "Estos niños van a generar enfermedades mentales, suicidios. Van a costar un montón de dinero a la Seguridad Social. Porque son personas que nunca van a estar bien. Nunca se van a poder recuperar realmente si siguen conviviendo con la violencia", denuncian. Y añaden: "La sociedad les está haciendo mucho daño. No les cree".
Un Estado sordo
A pesar de sus esfuerzos, las madres denuncian que se enfrentan a un sistema que no quiere escuchar a ningún nivel. "Los colegios lo ven y no hacen nada. El 016 me dijo: 'Haz tu vida y sé feliz'", recuerda con amargura. Incluso en espacios donde deberían hallar apoyo, como puntos de encuentro, aseguran encontrarse con una red de intereses económicos y religiosos: "Hay puntos de encuentro gestionados por los Legionarios de Cristo. ¿Te puedes fiar de esas personas? No". Han documentado casos donde los peritos se niegan a dar sus nombres para evitar que se presenten quejas: "Eso no es legal, pero como les apoya la juez de turno, no podemos hacer nada. Están actuando de manera alegal, ilegal, como lo quieras llamar. Y no podemos hacer nada".
Muchas de estas mujeres colaboran ya con universidades y organismos internacionales: "La relatora de la ONU lo ha dicho. Nos están torturando". Algunas han conseguido implicar a fiscalías, defensorías y juzgados: "Hay juezas, fiscales y sanitarios implicados, porque los hemos convencido nosotras, madre a madre, caso a caso". Pero siguen alertando: "Hay madres que no pueden más. Algunas, ya no están".
Legislar no basta
Reconocen los avances legislativos, como la reforma de la ley de infancia, pero insisten en que sin aplicación real, no sirven: "España es pionera legislativamente, pero esas leyes se quedan sin presupuesto, sin protocolo, sin seguimiento. Y las criaturas no pueden esperar más". "El problema no es la ley, es cómo se trata a la infancia y cómo se trata a las mujeres", resume esta madre madre. Con todo y aunque "ya se han roto muchas cabezas contra el muro, nos quedan muchas más hasta que se derribe".
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