Muere Lluís Prenafeta, el omnipotente escudero de Pujol durante una década y condenado por corrupción

Lluís Prenafeta, personaje clave de la primera década de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat de Catalunya, ha muerto este martes a los 86 años. Nacido en 1939 en Ivars d'Urgell (Lleida), creció en Barcelona y se implicó en la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en 1976. Y cuatro años más tarde, tras el triunfo de Jordi Pujol en las primeras elecciones autonómicas desde la recuperación de la democracia, aterrizó en el Palau de la Generalitat como secretario general de la Presidencia, cargo que ostentaría hasta 1990.

Siempre alejado de los principales focos mediáticos –nunca fue conseller ni ostentaría ningún cargo electo–, en aquella etapa se convirtió en la auténtica mano derecha del presidente del Govern y acumuló un enorme poder e influencia. Independentista confeso ya en aquella época, se dedicó posteriormente a los negocios privados, sin perder su incidencia política.

Bajo su amparo apadrinaría a una nueva generación de dirigentes y activistas independentistas, fundamentalmente vinculados a la antigua CDC y de marcada ideología liberal o, incluso, neoliberal en algunos casos. Lo haría a través de la Fundació Catalunya Oberta, que fundó y lideró. Uno de los políticos que estuvo vinculado con él fue el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que dio algunos de sus primeros pasos profesionales en empresas relacionadas con Prenafeta, antes de iniciar una carrera política que arrancaría en el Ayuntamiento de Barcelona.

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Con los años, la figura de Prenafeta perdería influencia, hasta quedar definitivamente marcada por la sombra de la corrupción. De hecho, ya había dimitido de su cargo en el Govern en 1990 a raíz que su nombre apareciera salpicado en varias tramas corruptas y que poco antes la Fiscalía de Barcelona iniciara una investigación por presuntas incompatibilidades entre su actividad pública y empresarial. Después de un proceso judicial muy largo, en 2018 fue condenado a un año y 11 meses de prisión en el caso Pretoria, de corrupción urbanística, por los delitos de tráfico de influencia y blanqueo de capitales.

A pesar de que mantuvo el contacto con Pujol hasta el final, su ascendencia sobre su antiguo espacio político fue menguando y, de hecho, en 2023 aseguró en Catalunya Ràdio que estaba arruinado y que vivía de la pensión y de sus hijos. Nada que ver con la imagen que había proyectado durante los años 80 y gran parte de los 90, cuando se le consideró el principal ejecutor del llamado sector negocios de Convergència, que supuestamente aprovechaba sus estrechos contactos y vínculos públicos para obtener un jugoso lucro privado.

El 'caso Pretoria'

En su larga etapa en la Generalitat se le atribuye la responsabilidad de la intensa actividad internacional de Pujol como presidente del Govern, así como el impulso de TV3 y Catalunya Ràdio, todavía hoy los principales medios públicos catalanes. Además, entonces también se implicaba a fondo en las diversas campañas electorales de CiU, que a nivel autonómico lograría una hegemonía que permitiría a Pujol liderar el ejecutivo durante 23 años, hasta 2003, y ostentar una mayoría absoluta en el Parlament entre 1984 y 1995.

Alejado de la primera línea política, en 1999 publicó L'ombra del poder (Planeta), donde explicaba su particular experiencia como mano derecha de Pujol siempre lejos de los grandes focos. Como empresario, había impulsado en 1990 el diario en castellano El Observador, que cerraría tres años más tarde. Posteriormente, se le vincularía sobre todo a operaciones de intermediación en negocios diversos y también llegaría a presidir una sociedad de inversiones, llamada Webline Invest, donde participaban prominentes fortunas catalanas.

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Su suerte cambiaría en 2009, cuando en plena crisis económica estalló el llamado caso Pretoria, una trama de corrupción urbanística con epicentro en Santa Coloma de Gramenet y que supuso el final de la carrera política del entonces alcalde de la ciudad, el socialista Bartomeu Muñoz.

Detenido junto con el ex conseller de la Generalitat Macià Alavedra –también implicado en la trama–, Prenafeta no pasaría ni 24 horas en la prisión. Nueve años más tarde sería juzgado y condenado, tras reconocer durante el juicio que junto con Alavedra cobraba comisiones en operaciones urbanísticas irregulares. Tanto Prenafeta como Alavedra recibieron una pena inferior a los dos años y no volverían a la prisión. El primero murió en 2018 y Prenafeta lo ha hecho este martes, después de una etapa final marcada por el ostracismo social en la que sus apariciones públicas fueron muy residuales.