La Junta recorta gastos en centros andaluces de menores, que piden más medios tras la muerte de la educadora de Badajoz
Ha reducido hasta un 27% lo que paga por día por una plaza de protección cuando no esté ocupada a unas entidades que dicen que la decisión les puede situar en pérdidas porque sus gastos son los mismos.
Madrid--Actualizado a
Las maltrechas economías de los centros de protección de menores de Andalucía han encajado como un golpe cercano a su línea de flotación la decisión de la Junta de pagarles hasta un 27% menos por cada plaza que no se encuentre ocupada, pese a que deben mantener mismo personal y recursos que si estuviera cubierta. “Nos hacen trabajar a pérdidas”, han dicho a Público directores de centros afectados.
La reducción de este gasto choca de plano con la petición de las dos organizaciones mayoritarias de las entidades que gestionan los centros de protección en Andalucía, APAES y ACCAMPA, en el comunicado emitido hace una semana, a raíz del asesinato de una educadora de un piso tutelado para menores infractores en Badajoz que se encontraba sola en su turno. En el escrito, las patronales del sector exigen a las administraciones públicas que doten de recursos suficientes para aumentar la ratio de personal en los centros y mejorar el sistema en la comunidad andaluza, pagando más dinero por cada plaza contratada.
Los centros de protección acogen específicamente a menores de quienes la Junta asume la tutela o guarda debido a una situación de abandono, maltrato u otro tipo de desprotección de la infancia, mientras que en los de infractores, como el de Badajoz, ingresan menores de edad para cumplir medidas impuestas por un juez a raíz de la comisión de un delito. El perfil de quienes están acogidos en los centros de protección andaluces refleja que cada vez son menos numerosos los que tienen menos de diez años y cada vez más los adolescentes de ambos sexos, según una publicación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que ha declinado responder a las preguntas de este periódico sobre la reducción del dinero que paga en algunos casos por las plazas y los perjuicios que eso puede acarrear a las entidades.
En Andalucía hay 2.458 menores en acogimiento residencial a causa de la desprotección que sufren, según el último informe anual del Defensor de la Infancia de esta comunidad, referido a 2023 y publicado en 2024, que refleja un incremento del 7,8% de los ingresos con respecto a 2022. El 64,6% de esos menores son chicos y el 35,4%, chicas.
En Andalucía hay 2.458 menores en acogimiento residencial a causa de la desprotección que sufren
En las memorias justificativas para la contratación de plazas de acogimiento residencial de estos menores tutelados por la Junta, la Administración andaluza siempre hace constar que “no dispone de los medios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo el desarrollo de la actividad que se propone y, por ello, es necesario licitar la referida contratación”.
Las que hacen esa actividad son las entidades de APAES (Asociación Patronal de Entidades de Iniciativa Social y Acción Social) y ACCAMPA (Asociación de Centros Católicos de Ayuda al Menor Patronal Andaluza), organizaciones que se han remitido al comunicado citado anteriormente, en el que reclaman más medios, y han eludido hacer declaraciones a este periódico sobre los cambios que ha hecho la Junta con el pago de las plazas de sus centros.
Hasta un 27% menos de ingresos por día
Las licitaciones aprobadas en 2024 y en el primer trimestre de este año por las delegaciones territoriales de la Consejería de Inclusión Social en las provincias de Málaga, Córdoba, Jaén y Almería incluyen ya la diferenciación entre lo que se paga por día a las entidades por una plaza ocupada y por una no ocupada, tal y como ha podido comprobar este periódico. En otras provincias andaluzas están a la espera de que salgan las nuevas licitaciones.
Relacionado con este tema
En el caso de Málaga, para la contratación de 238 plazas de acogimiento residencial por un periodo de 24 meses, prorrogable hasta un máximo de dos años más, se establece un precio de 132,89 euros con IVA por día en plaza ocupada y 97,02 si no está ocupada, es decir, un 27% menos, para el caso de un centro de acogida inmediata, considerando exclusivamente los gastos de personal y costes indirectos. En un residencial básico, la Junta abona 40,49 euros menos por día si la plaza no está ocupada, un 25% menos.
En Córdoba, la diferencia es de 35,6 euros por día en acogida inmediata, es decir, la Junta abona un 27% menos si la plaza no está ocupada, porcentaje diferencial que aumenta al 27,7 en un centro residencial básico. Y en el caso de Almería, los centros básicos, específicos para situaciones de conflicto psicosocial y para problemas de conducta dejarán de cobrar por día entre un 19,3% y un 21,6% por cada plaza no ocupada, tal como se detalla en las memorias justificativas de la contratación de Inclusión Social.
Relacionado con este tema
La directora de un centro de menores de Jaén, que prefiere no identificarse públicamente, se llevó las manos a la cabeza cuando recibió una circular de la Junta en la que se le comunicaban las nuevas directrices con vistas a fijar el pago de una plaza. En el escrito se precisa que una plaza está ocupada cuando el menor pernocta en el centro y que en el caso de fugas o ausencias no autorizadas, una vez pasadas 24 horas sin que haya regresado, constará como no ocupada, pero solo a efectos exclusivamente del coste de la plaza, porque la guarda del menor permanece en el centro hasta que se determine su cese.
En su centro han tenido varios casos de menores que se escapan y luego tardan meses en ser localizados por las fuerzas de seguridad del Estado y devueltos a la residencia. “Nos obligan, además, a tener guardada la plaza durante todo el mes, sin poder ingresar a otro niño. Y durante ese tiempo, la Junta nos paga menos por la plaza”, se lamenta la directora, una educadora social que ejerce también como responsable del recurso contratado por la Junta.
“Vamos muy limitados en todos los gastos”
Ese dinero que ahora dejan de cobrar por cada plaza no ocupada es muy valioso en un centro donde siempre van al día con los gastos, pidiendo ayuda para hacer actividades extraescolares, deportivas, culturales y recreativas con los menores. “Sus necesidades básicas están cubiertas, pero todo está con cuentagotas, y hay que llorar mucho para conseguir cosas para poder hacer actividades con ellos. Vamos muy limitados en todos los gastos”, reconoce la directora de este centro de Jaén a Público.
El trabajo, además, no es fácil en estos centros. Cada vez llegan más niños o adolescentes con problemas de salud mental o grandes carencias emocionales que deben ser convenientemente atendidas por el personal de unos recursos que, como este de Jaén, cuentan con seis educadores, incluida la directora, a jornada completa, y una psicóloga y una trabajadora social a media jornada para atender a ocho menores. Esa ratio de personal obliga a que los fines de semana únicamente pueda haber en el centro una educadora, que debe atender a todas las necesidades que surjan durante más de 48 horas en la vida de ocho adolescentes.
Los crecientes problemas emocionales y de salud mental que cargan en sus espaldas menores que han sufrido situaciones de abandono y desprotección en sus familias originan situaciones complicadas en estos centros, según la directora, que han de afrontar con el personal que tienen en cada turno. No ayuda a resolverlas, tampoco, el estado de la sanidad pública, donde la espera para ser atendido en consultas de psiquiatría puede demorarse meses, se lamenta esta educadora social.
“Estamos siempre tapando agujeros”
El director de un centro de Almería, que también prefiere permanecer en el anonimato, cuenta a este periódico que las consecuencias de la reducción del pago por plaza no ocupada son considerables. “Supone que tengamos que trabajar a pérdidas en entidades que estamos siempre tapando agujeros por la falta de suficientes recursos económicos”, resume.
En el caso de que una plaza esté vacía durante un mes, el centro dejará de percibir cerca de mil euros, una cantidad que se duplicaría en el caso de que fueran dos las plazas desocupadas circunstancialmente. Y esa pérdida de ingresos repercutirá directamente en la calidad en la atención que reciben los menores en los centros de protección andaluces, según este director. “No se podrán llevar a tantas actividades extraescolares como ahora. Que un niño, por ejemplo, vaya a jugar en un equipo de fútbol, de voleibol o a un gimnasio o a clases de baile cuesta más de 30 euros mensuales. Esto es como cuando en una familia les bajan el sueldo, hay que recortar gastos”, explica.
Este responsable señala que el 80% del gasto de un centro se destina a pagar las nóminas de su personal y al mantenimiento de sus instalaciones, recibos de luz, agua y teléfono, un gasto que, subraya, no varía aunque haya una plaza desocupada provisionalmente, es exactamente el mismo todos los meses.
En Sevilla aún no se han aprobado los nuevos contratos y, por tanto, no se han aplicado todavía los criterios de pago que diferencian plazas ocupadas y no ocupadas. Sin embargo, el responsable de una entidad con un centro en esta provincia, quien igualmente prefiere no identificarse, asegura a Público que los efectos de este recorte pueden ser muy perniciosos si la Junta no aumenta sustancialmente el dinero que paga por cada plaza. “Cuando nos llegue, echaremos los números y si no nos cuadran, tendremos que cerrar el centro”, advierte.
Al igual que su compañero de Almería, este responsable de Sevilla recuerda que, con independencia del número de menores que haya en cada momento en un centro, las entidades que los gestionan deben pagar a su personal y sufragar todos los gastos que acarrea mensualmente un recurso de este tipo para acogimiento de menores.
En su comunicado conjunto, las organizaciones que gestionan los centros de menores en Andalucía advierten: “Es indudable que quienes tienen la mayor responsabilidad, quienes nos gobiernan y asumen estas competencias, deben velar por ofrecer a esta parte más débil de la población recursos que les permitan ser protegidos en esos duros años para ellos. Por eso, consideramos crucial que las administraciones doten de recursos suficientes para aumentan la ratio del personal que trabaja con generosidad y vive por y para estos niños en estos recursos socioeducativos”.
Las entidades consideran que ha llegado el momento de “actuar con responsabilidad y con una visión constructiva para mejorar el sistema en Andalucía” y, al respecto, precisan que no puede haber turnos con un solo trabajador en un centro para atender a seis u ocho menores. “Lo que ha pasado con Belén -la educadora muerta en Badajoz en un piso para menores infractores- no puede volver a suceder y porque, con más recursos podremos ofrecer un servicio de apoyo y acompañamiento de mayor calidad”.
Afrontar subidas de sueldo con el nuevo convenio
La entrada en vigor del nuevo convenio colectivo estatal del sector de los centros de protección y reforma supone otro reto para las entidades, ya que deben asumir las subidas salariales que se contemplan a partir del próximo mes de enero, estimadas en una media de 300 euros más por mes y trabajador a jornada completa. De momento, la única licitación que contempla ese sustancial aumento de sueldo es la de Almería, que es la que se ha publicado en 2025. Queda por ver qué pasará con el resto de las provincias.
Según los directores de centros consultados por este periódico, el nuevo convenio laboral supone un incremento de en torno a 2.000 euros en los gastos de personal de cada centro. Así que para hacer frente a ese aumento de costes, la Junta deberá pagarles más dinero por plaza, recalcan. Si no fuera así, la continuidad de su labor sería inviable, advierten.
Para hacer frente a ese aumento de costes, la Junta deberá pagarles más dinero por plaza
En la la justificación de un pliego de contratación de plazas en servicios de orientación e inserción sociolaboral, la Consejería de Inclusión Social explica que “los jóvenes que han pasado por el sistema de protección presentan no solo muchas más dificultades para emprender una vida autónoma, sino, también, un riesgo de exclusión social mucho más elevado” y “tienen generalmente peores resultados escolares, una tasa de escolarización postobligatoria más baja y mayores niveles de desempleo”.
En el mismo documento la Junta asume que estos menores sufren “un riesgo significativamente mayor de padecer problemas mentales, adoptar conductas delictivas o acabar en la calle y, desde un punto de vista psicoafectivo, se detecta en mayor medida fuertes carencias afectivas, niveles de competencia social limitados y expectativas poco realistas acerca de sus capacidades”.
Comentarios de nuestros suscriptores/as
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.