El Gobierno interpondrá un recurso en el Constitucional contra la Ley de Concordia valenciana

El Gobierno interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Concordia del País Valencià al considerar que invade competencias del Estado y conlleva "la restricción de los derechos de las víctimas y de las actuaciones dirigidas a su protección, reparación y garantías de no repetición".

Así lo señala la referencia del Consejo de Ministros de este martes, en la que aclara que ha aprobado un acuerdo para la interposición de dicho recurso "contra determinados preceptos" de la Ley de Concordia valenciana, aprobada en julio y que el gobierno que encabeza Carlos Mazón "va a seguir adelante".

Fundamenta el Consejo de Ministros que "la práctica totalidad de los preceptos" de la ley valenciana presentan "una indudable identidad de razón" dirigida a derogar la ley de Memoria Democrática, principalmente "en relación con el derecho a la verdad" su difusión pública y "el acceso de estos contenidos al sistema educativo".

Así, el Gobierno indica que la ley valenciana persigue sustituir el régimen jurídico de la Memoria Democrática para derogarlo por otro de "concordia" y remarca que limita y restringe los derechos de las víctimas "respecto a los establecidos en los instrumentos de derecho internacional" y en los de la propia ley estatal.

En este sentido, recuerda que la ley de Memoria Democrática "reconoce el deber de memoria, al amparo de la competencia exclusiva del Estado", para dictar "la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales".

Así, insiste el Ejecutivo en el escrito que la ley valenciana "limita el deber" de memoria de las administraciones públicas valencianas y las excluye de la obligación de reparación pública a las víctimas, al tiempo que "menoscaba el cumplimiento de los deberes de colaboración" con el resto administraciones, principalmente con las estatales.

El Ejecutivo también planteará ante el TC que el texto valenciano persigue derogar en el ámbito educativo la actualización curricular y la formación del profesorado en materia de Memoria Democrática, lo que contraría, igualmente, la competencia Estado, como establece la Constitución, de garantizar la regulación de las condiciones para la igualdad de todos los españoles.