Un menor lleva a España ante Estrasburgo por absolver a dos vigilantes de metro acusados de torturas
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estudiará por primera vez una denuncia de abusos por parte de un responsable de seguridad privada en el Estado español.
Un menor ha presentado una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el Estado español. La Justicia absolvió a dos vigilantes de seguridad del Metro de Barcelona a los que acusó de haberle agredido violentamente en una intervención ocurrida en noviembre de 2022. El incidente fue grabado en vídeo y, según la acusación, constituye un caso de torturas.
El caso ha sido dado a conocer este jueves por el centro Iridia para la defensa de los derechos humanos, durante la presentación de su informe anual. La organización ha lamentado que un 65% de las denuncias por torturas, maltratos o abusos policiales en España se archivan sin que se practiquen las diligencias mínimas de investigación.
En este caso, el menor y los vigilantes mantuvieron una discusión verbal a causa de un problema en la validación de un billete de metro en una estación de Barcelona. Según denunció ante los tribunales, los responsables de seguridad lo agredieron después en la vía pública como represalia.
El suceso quedó registrado en dos vídeos que forman parte de la causa. El primero muestra la discusión dentro de la estación y cómo el joven abandona el recinto. El segundo, grabado por su pareja ya en la calle, documenta cómo uno de los vigilantes se abalanza sobre él, lo tira al suelo, lo inmoviliza presionando su cuello con el brazo —mientras el joven grita: "Me estás ahogando"— y le coloca las esposas mientras esperaban la llegada de los Mossos d’Esquadra.
La víctima de la agresión presentó una denuncia contra ellos por un presunto delito de torturas, alegando que la violencia empleada no respondía a una necesidad operativa, sino a un castigo deliberado. Pese a ello, el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona tramitó el caso como un delito leve de maltrato.
Ese encuadre legal impidió la realización de diligencias más exhaustivas. Finalmente, el juez absolvió a los vigilantes al considerar que se trató de una simple reducción del menor ante una supuesta actitud agresiva por su parte.
Agotados los recursos en España, Iridia ha elevado el caso al Tribunal de Estrasburgo. Es la primera vez que el TEDH estudiará una denuncia de abusos contra un vigilante de seguridad privada en territorio español.
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"El juzgado impidió cualquier mínima investigación sobre los hechos", ha criticado el abogado de Iridia, Pol Mansilla, quien además lamenta que el Ministerio Fiscal no impulsara ninguna acción para esclarecer lo sucedido. "No movió ni un dedo", ha denunciado.
Los abogados del centro también apuntan a una falta de voluntad judicial para asumir que agentes de seguridad, públicos o privados, puedan cometer delitos de tortura. "Cuesta mucho que se rompa ese imaginario judicial", han señalado.
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Según el informe anual de Iridia, los tribunales no garantizan investigaciones efectivas en este tipo de casos. De hecho, más de la mitad de las denuncias terminan archivadas de forma anticipada, reencauzadas como delitos leves o ni siquiera son admitidas a trámite.
Pese a ello, en el 75 % de esos archivos prematuros, la Audiencia Provincial de Barcelona ha acabado ordenando que se reabran las causas y se practiquen diligencias, dando la razón a las acusaciones particulares o populares ejercidas por Iridia.
"El sistema judicial falla al investigar torturas, maltratos de fuerzas de seguridad o funcionarios de prisiones", ha advertido la directora de Iridia, Anaïs Franquesa, que cree que esas "carencias estructurales" del sistema judicial "debilitan la democracia", además de causar dolor a las víctimas.
Iridia ha explicado además que el 42,8% de los casos denunciados tienen un componente "racista" y ha denunciado la lentitud en la tramitación de estas causas, que suelen durar un promedio de cinco años hasta que se dicta sentencia.
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