Suspendida la declaración de los ex altos cargos de Ayuso imputados por los muertos en las residencias
Los abogados de los investigados solicitan la suspensión de las declaraciones al alegar que no les han dado adecuado traslado de las actuaciones.
La declaración de los ex altos cargos del Ejecutivo madrileño Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y el doctor Antonio Burgueño, investigados en la causa por los fallecidos en residencias madrileñas durante la pandemia, prevista este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, ha sido suspendida. Los abogados de los investigados solicitaron la suspensión de las declaraciones al alegar que no les han dado adecuado traslado de las actuaciones.
La única declaración que han hecho a los medios ha sido por parte de Burgueño. "En la España de hoy, las víctimas y los acusados estamos en el mismo sitio, un poco confundidos", ha expresado, sin especificar a qué se refería.
Carlos Mur, citado como investigado, era director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del covid-19.
Javier Martínez Peromingo, por su parte, era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado. Antonio Burgueño era asesor del Gobierno regional y participó en la gestión de la situación durante las primeras semanas de marzo.
Los tres debían comparecer este lunes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. Los dos primeros considerados autores de los protocolos de la vergüenza, y Burgueño, como encargado de elaborar el 'Plan de Choque' anunciado por el Gobierno regional.
"Estrategia dilatoria"
En declaraciones a los periodistas, los abogados de los denunciantes, Eduardo Ranz, Alejandra Jacinto y Carlos Castillo, han explicado que los letrados de los investigados han pedido la suspensión de las declaraciones alegando que no les habían dado traslado de las actuaciones.
Relacionado con este tema
"A nosotros sí nos han dado traslado (las actuaciones) y hemos tenido tiempo de estudiarlas y analizarlas. Entendemos que es una estrategia dilatoria más para evitar lo que las víctimas reclaman que es el derecho a la verdad, a conocer lo ocurrido y poder cerrar una herida que llevan cinco años sufriendo. Vamos a seguir presentando medios de prueba y, desde luego, tenemos muy claro que 7.291 discriminaciones no van a quedar impunes", ha afirmado Ranz.
Alejandra Jacinto ha reconocido la labor de las asociaciones de familiares de fallecidos "por no cesar en intentar conseguir que se arroje verdad y justicia sobre algo tan horrible que ocurrió hace ya cinco años".
Alejandra Jacinto, sobre la petición de suspensión de las declaraciones: "Es una maniobra dilatoria. Han tenido casi dos meses para instruir"
Jacinto ha opinado que la petición de suspensión de las declaraciones es "una maniobra dilatoria" por parte de las defensas, porque desde el 1 de abril hay un auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 que les citaba como investigados en esta causa, es decir, "han tenido casi dos meses para poder instruir y para poder tener traslado de las actuaciones".
"Lo que queríamos poner encima de la mesa a día de hoy era la posible comisión de un ilícito penal del artículo 511 del Código Penal, un delito de discriminación en la prestación de asistencia sanitaria porque a los residentes se les impidió ser trasladados a los hospitales públicos, se les impidió ser trasladados a los hospitales privados, se les impidió morir dignamente en unas residencias que tenían que haber sido medicalizadas y tampoco se les permitió el traslado al hospital de Ifema", ha subrayado.
"Nosotros no vamos a parar. Vamos a acompañar a las víctimas y a las asociaciones de familiares hasta que se dilucide la verdad y se haga justicia", ha resaltado. A su juicio, la discriminación en el acceso a la prestación sanitaria fue "una decisión política y que ha tenido consecuencias absolutamente nefastas, presuntamente criminales, en las vidas de tantos mayores que no fueron derivados a los hospitales por razón de discapacidad o por deterioro cognitivo".
Por su parte, Carlos Castillo ha mostrado su confianza en que "más pronto que tarde" se señalará una nueva fecha −previsiblemente antes del verano− para estas declaraciones y se podrá empezar a dilucidar qué es lo que pasó hace cinco años y a hacer justicia.
Un nuevo gesto de desprecio institucional
Carmen López, portavoz de Marea de Residencias y familiar de una de las víctimas, no se muestra sorprendida por las maniobras procesales de los ex altos cargos. "Es una forma de dilatar lo que es inevitable: que tienen que declarar", afirma. "Ellos podían haber solicitado antes lo que ahora alegan no haber recibido, pero han preferido venir aquí y decir que no lo tienen. Era algo que podíamos prever", añade.
María Jesús Valero, Asociación 7.291 Verdad y Justicia : "Llevamos cinco años en una montaña rusa emocional. Seguiremos luchando"
Con la imagen de su padre fallecido entre las manos, María Jesús Valero, portavoz de la Asociación 7.291 Verdad y Justicia, denuncia lo que considera un nuevo gesto de desprecio institucional. "Es una forma más de maltratarnos", afirma. "Necesitamos que nos traten con respeto, con dignidad, y que se acaben las dilaciones y las esperanzas falsas. Llevamos cinco años en una montaña rusa emocional. Estamos en guardia, pero seguiremos luchando. No vamos a parar. Esto es solo otra piedra en el camino. La quitamos... y seguimos".
Comentarios de nuestros suscriptores/as
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros suscriptores y suscriptoras, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.