Booking, una de las mayores agencias de viajes en línea, ha retirado 4.093 anuncios ilícitos de pisos turísticos, tras un requerimiento del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Consumo envió un primer requerimiento a Booking para informarles de que habían detectado miles de anuncios en su plataforma que incumplían la ley. Tras la comunicación, la empresa ha retirado esos miles de anuncios de viviendas turísticas, la mayoría ubicadas en las Islas Canarias.

El ministro Pablo Bustinduy ha marcado como una de sus prioridades desde que ha entrado en el Gobierno la lucha contra la publicidad ilegal de pisos turísticos. En palabras de Bustinduy, esta es una lucha decisiva para "poner coto a la proliferación indiscriminada de este tipo de alojamientos". A su juicio, estos pisos suponen una de las causas de las dificultades en el acceso a la vivienda que sufren miles de personas actualmente en España, especialmente en las zonas que reciben una mayor afluencia de turistas como es el caso de las Islas Canarias. Además de en el archipiélago, Booking ha eliminado anuncios que se localizaban en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha. 

Hace tan solo una semana el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) respaldó por segunda vez la acción de Consumo sobre Airbnb, a la que el Ministerio ordenó eliminar más de 65.000 anuncios ilegales. Airbnb solicitó medidas cautelares al TSJ de Madrid para no tener que acatar el primer requerimiento de Consumo, pero este tribunal volvió a rechazar esta petición e impuso a la plataforma la retirada de la publicidad ilícita de los 5.800 anuncios que figuran en la primera comunicación.

Los anuncios ilegales eliminados por Booking y los denunciados de Airbnb cometen infracciones como no incluir el número de licencia o cuentan con uno que no corresponde a los expedidos por las autoridades. 

En otros casos, los anuncios no señalan si los arrendadores son profesionales o particulares. Una información que, según indican desde el Ministerio, es fundamental para saber si la persona que contrata el servicio está protegida como consumidor.