El desalojo de Níjar revela el total "desamparo" y la "hiperprecariedad" de los jornaleros de Almería
Ninguna administración atiende a los habitantes del asentamiento del cortijo del Uno a pesar de los avisos y alertas de las ONG y el Defensor del Pueblo.
Sevilla-
El desalojo de 58 personas, nueve de ellas niños, de un asentamiento chabolista de Níjar, el cortijo del Uno, por orden judicial, que atendió una reclamación del propietario del terreno, revela el total desamparo y el estado de completo abandono en el que habitan los jornaleros de Almería: ninguna administración les atendió a pesar de los avisos de la sociedad civil organizada.
Las excavadoras se pusieron en marcha este martes por la mañana a la hora prevista, las 9.40. Arrasaron las viviendas construidas con palos, plásticos, cartón y telas…
Las ONG que trabajan en la zona llevaban días llamando a todas las puertas y alertando de que había familias que no tenían un lugar al que ir.
También lo hizo con toda contundencia el Defensor del Pueblo en Andalucía, Jesús de Maeztu, quien exigió al Ayuntamiento una respuesta "urgente" ante una situación de "emergencia y de desamparo". También el propio Obispado de Almería. Sin embargo, no hubo respuesta alguna de las administraciones. Se ha tratado este desalojo como un tema privado.
"En estado de shock, se han buscado la vida como han podido", resume a Público María Millán, de la ONG Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). "Ya está bien. Aprendamos. ¿Qué hace falta para que reaccionen si esto no es suficiente? Si hay menores y el Defensor del Pueblo, las ONG, avisa, si eso no es suficiente para que haya una intervención distinta, ¿qué cabe esperar?", reflexiona, abatido, en conversación con Público Juan Miralles, de Almería Acoge.
"Es un día muy triste, con sensación de decepción y de impotencia: la gente está nerviosa, desgarrada, con mucha incertidumbre, sin saber a dónde va, la gente buscándose la vida por un sitio u otro. Todas son soluciones hiperprecarias y provisionales, es el caso de un familiar que le deja un colchón, o un sillón, o un garaje, o gente que está pensando en rehacer la chabola en otro lado", afirma a Efe Daniel Izuzquiza, del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).
Almería Acoge, asegura Miralles, ha podido alojar a ocho personas. ¿El resto? "Están como estaban, mal. ¿Quién se ha preocupado? Las personas que están en su misma situación, sobre todo, que les han abierto la puerta de sus chabolas. Las ONG hemos hecho lo que hemos podido y poco más. La administración no lo ha hecho. Y eso es desastroso. No miran a las personas como personas, sino como problemas", añade Miralles.
"Así no se construye una sociedad diversa y rica. Los grandes principios que han marcado Europa no están. Eso es un desastre para la convivencia", remacha Miralles.
Todo se agrava en la presencia de menores. El último trabajo de la APDHA titulado Las fronteras internas en Andalucía, recoge esta problemática en toda su crudeza: "El aumento de niños/as en los asentamientos chabolistas en los últimos años precisa de programas específicos destinados a trabajar con las personas de mayor vulnerabilidad en el que se dé prioridad [a quienes] viven con sus hijos".
La huerta de Almería
La huerta de Almería genera fuertes beneficios y riqueza: según la patronal Coexphal, en la campaña 2023/2024 se produjeron casi cuatro millones de toneladas de productos hortofrutícolas con un valor de 3.953 millones de euros.
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Esta prosperidad se ha logrado a costa de la vulneración de derechos de los jornaleros, según recoge el estudio de la APDHA: "Las características del sector agrario, determinadas por la temporalidad y la precariedad, dificultan el acceso a derechos laborales y sociales básicos, por ejemplo, la falta de acceso a la prestación por desempleo por la baja afiliación a la Seguridad Social, derechos sanitarios o de servicios sociales".
En el propio asentamiento, según ha documentado Efe, se encontraron pintadas junto a mensajes contra Coexphal, la explotación y la vivienda precaria, junto a patinetes y bicicletas cargados con maletas y el deseo de encontrar un alojamiento digno en una tierra en la que, afirman los migrantes, nadie quiere alquilar una vivienda a un marroquí.
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"Llevamos buscando alquiler desde que nos llegó la primera carta. Todo el mundo sabe que aquí, en la comarca de Níjar, no hay casas para alquilar. Hay casas para vender, pero no podemos comprarlas, por lo menos en la situación en la que estamos", lamentó Fátima, en declaraciones a Efe.
"Sabemos muy bien que es una propiedad privada, que el dueño necesita su tierra, pero lo único que pedimos es que nos den casas para alquilar. Estamos dispuestos a pagar un alquiler. O que nos den más tiempo para buscar en otras zonas de los alrededores", añadió.
Amira (nombre ficticio) reveló a Efe que residían en el Cortijo El Uno desde hace diez años. “Mis hijos están empadronados, toda mi familia está empadronada aquí. Mi marido está trabajando aquí. Estamos dispuestos a pagar un alquiler que hemos estado buscando muchísimas veces", abunda.
De acuerdo con los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social de 2024, en Almería el 59% de las afiliaciones de personas extranjeras se producen en el sector agrícola. "No existe ningún dato oficial (ni oficioso) de cuantas personas en situación irregular pueden estar trabajando en el campo andaluz, pero por el número de hectáreas en explotación y la necesidad de entre 3 y 5 trabajadores por hectárea se podría estimar que, solo en la provincia de Almería, hay más de veinticinco mil trabajadores sin contrato ni derechos laborales bajo el plástico de los invernaderos", estima APDHA.
En Almería, el chabolismo, como recogen distintos estudios, a lo largo de los años, está cronificado. Se han levantado los asentamientos en paralelo al crecimiento de las hectáreas en producción y en medio de una total "falta de previsión de los empresarios agrícolas y las instituciones públicas en adaptar las necesidades de servicios públicos y vivienda a las miles de personas trabajadoras que se fueron incorporando a la producción agrícola", recoge APDHA.
Esto, el abandono, "ha provocado que parte de las personas migrantes trabajadoras en el campo establezcan su residencia en los alrededores de las explotaciones, configurando barrios informales o chabolistas, asentamientos, de diversos tamaños y nacionalidad de sus habitantes".
El derribo del cortijo del Uno es el cuarto que se produce desde 2023 en la zona. En tan solo uno de ellos, Cañaveral, existió alguna opción de realojo. En los demás, Walili y Megasa, el desamparo y abandono fue el mismo que el de este martes: total.
"Ha existido una lealtad institucional de todas las ONG que estamos en la mesa de vivienda en Níjar. No aprovechar el conocimiento para colaborar frustra una confianza. Y más en estos tiempos, en los que da la sensación de que todo se resuelve con policía: así no se construye conciencia", remacha Miralles.
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