El profesorado catalán se moviliza contra los efectos de la crisis de la vivienda en el alumnado
La plataforma Docents 080 alerta de que la pérdida de "seguridad residencial" afecta directamente al rendimiento académico.
Barcelona--Actualizado a
La comunidad educativa ha decidido unirse a la lucha por el derecho a la vivienda. Y no lo hace, principalmente, para denunciar las dificultades que tienen los profesores para pagar un piso, sino para alertar sobre las consecuencias que la crisis habitacional tiene en el alumnado. El profesorado de Salt (Gironès) fue el primero en alzar la voz el pasado noviembre, ya que, desde el inicio del curso, "cada semana" algún alumno del municipio se veía "abocado a quedarse sin hogar". La premisa era clara: la labor educativa no se puede desarrollar con normalidad si el alumnado no tiene garantizados unos mínimos vitales.
A raíz de esta experiencia, un grupo de docentes de Barcelona decidió seguir el ejemplo y promovió un manifiesto para posicionarse contra los desahucios e invitar a más miembros de la comunidad educativa a sumarse a la causa. Eligieron llamarse Docents 080, en referencia al comienzo de los códigos postales de la capital catalana. "En diciembre replicamos lo que estaban haciendo en Salt y nos sorprendió mucho la respuesta. En pocos días tuvimos mucho eco. En la primera asamblea participaron más de 100 docentes", explica por teléfono a Público Anna Pérez, miembro del colectivo.
En el manifiesto, los equipos educativos —profesorado, personal socioeducativo y personal de apoyo— advierten de que una vivienda digna es "un derecho inseparable del derecho a la educación" y exigen a las administraciones una serie de responsabilidades. Reclaman, entre otras cosas, que se priorice "el interés superior del menor en todo lo que afecte a sus derechos fundamentales", que se aseguren "los suministros básicos en todas las viviendas", o que "se impida la intervención de antidisturbios en desahucios con menores o personas vulnerables". Sobre este último punto, Pérez subraya que para los niños es "un trauma" ver a los antidisturbios, que solo actúan en Catalunya si lo ordena un juez o si consideran que hay "una situación de riesgo".
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¿Cómo afecta la crisis de la vivienda al alumnado?
De entrada, según Pérez, los niños y niñas se ven "muy afectados a nivel emocional". "Si pierden su seguridad residencial, se sienten tristes y baja su rendimiento escolar. Si se ven obligados a irse lejos del barrio porque no pueden pagar el alquiler, o porque su edificio corre riesgo de derrumbe —aunque sigan matriculados en la misma escuela—, tienen que levantarse antes para llegar puntuales y están mucho más cansados", señala la docente, que trabaja en el barrio del Poble-sec. En este contexto, "los nervios, los retrasos y el absentismo" se vuelven habituales en los hijos de familias con problemas habitacionales.
El 34,8% de los menores en Catalunya están en riesgo de pobreza o exclusión social
Pero no se trata de casos aislados, sino de una realidad que se ha agravado "muchísimo" en los últimos tiempos. Según el estudio La educación que vence la pobreza, elaborado por la Plataforma d'Infancia de Catalunya de la Taula del Tercer Sector Social y la Fundació Bofill, el 34,8% de los menores en Catalunya están en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto significa que o bien viven en hogares monoparentales con ingresos inferiores a 1.360 euros al mes, o por debajo de 1.884 si hay dos adultos. También se consideran en riesgo de pobreza si sufren privación material y social severa, es decir, si no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada o no pueden permitirse una comida con carne, pescado o su equivalente vegetariano al menos cada dos días.
Aparte de esta cifra, Docents 080 denuncia que en Barcelona hay casi 38.000 alumnos en situación de vulnerabilidad, lo que implica falta de suministros básicos —agua, luz y gas— o vivir en infraviviendas o hacinados en habitaciones realquiladas. "Si toda la familia vive en una misma habitación, es imposible que los chicos y chicas puedan hacer los deberes o estudiar", añade Pérez. Cabe destacar, sin embargo, que la crisis de la vivienda no es exclusiva de la periferia o de las zonas con menor renta: en el Eixample, un barrio en plena gentrificación, la vulnerabilidad también va en aumento.
¿Qué pueden hacer los docentes en casos de desahucio?
La Generalitat todavía no ha creado ningún protocolo para que el profesorado sepa cómo actuar cuando un alumno sufre un desahucio. Por eso, la USTEC —en colaboración con la PAH, el Sindicat de Llogateres y la CGT— presentó a finales de marzo el protocolo Sin vivienda no hay educación, una guía "dirigida al profesorado y a los centros educativos con orientaciones claras" para actuar en estos casos. Es un documento muy completo que ofrece pautas ante múltiples situaciones: subida del alquiler, desahucio inminente, fin del contrato, acoso inmobiliario, pobreza energética, etc.
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"La familia es quien decide qué hacer con el menor durante un desahucio, pero nuestra recomendación es que lo lleven al colegio, porque es un espacio seguro para él", explica Pérez. Aunque la capacidad de actuación del profesorado es limitada y muchas veces los padres sienten vergüenza, la escuela puede "acompañarles con los servicios sociales" y brindarles apoyo emocional.
Además de participar en la multitudinaria manifestación por el derecho a la vivienda del pasado 5 de abril, Docents 080 colgó pancartas a principios de mes y ahora está recogiendo datos sobre el número de alumnos que viven en pensiones, han sufrido desahucios o tienen dificultades para pagar el alquiler. "Hemos difundido un formulario entre colegios e institutos de Barcelona para hacer un mapeo. Tendremos una muestra y presentaremos los resultados en la próxima asamblea, prevista para el 22 de mayo”, añade.
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Familias con 11 menores desalojadas en Rubí
Siguiendo los pasos de Docents 080, en marzo nació Docents 082, la plataforma que agrupa a miembros de la comunidad educativa del Vallès Occidental. Este colectivo denunció en abril la situación de precariedad de varias familias con 11 menores en Rubí, desalojadas tras el derrumbe parcial de sus viviendas. Aunque fueron realojadas de emergencia en hoteles y pisos públicos, algunas se han visto obligadas a trasladarse lejos de su entorno o incluso a dormir en el coche.
Docents 082 exigió una solución efectiva a las administraciones, ya que esta situación afecta de lleno al desarrollo escolar de los menores. "Nos hemos unido para afrontar una problemática que vivimos a diario en las aulas. Si los alumnos no tienen un hogar donde despertarse, es muy difícil garantizarles su derecho a la educación", señaló en declaraciones a ACN Marta Sureda, profesora de secundaria en el Institut Duc de Montblanc de Rubí y miembro del colectivo.
Sureda explicó que, según el día y las conexiones de transporte, había alumnos que tardaban más de una hora en llegar al centro, lo que obligaba a algunas familias a pagar el comedor escolar, con el coste adicional que ello supone. Por todo ello, Docents 082 reclamó una respuesta clara y definitiva para las familias afectadas y, especialmente, para los menores, para que puedan recuperar cuanto antes la normalidad académica y no sufran las consecuencias de la falta de recursos públicos ni de la desatención institucional.
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