La presión para encontrar un hogar en las grandes ciudades es cada vez más fuerte. Uno, de entre muchos factores, que provoca la falta de oferta es la gran acumulación de pisos turísticos en los centros urbanos. Según un estudio de Exceltur de junio de 2022, el beneficio para un propietario que alquila una vivienda de 80 metros cuadrados como residencia es de 10.138 euros, mientras que, si la destina al alquiler vacacional, el beneficio asciende a 19.737 euros, casi el doble.

Este dato nos ayuda a entender por qué en Madrid existen 16.335 alojamientos destinados al turismo. Sin embargo, en esta ciudad, solo 1.131 viviendas tienen los permisos necesarios para realizar esta actividad. Esto significa que existe un fraude escondido, como un iceberg del que solo vemos el 6,9%, mientras que el resto permanece oculto fiscalmente.

Curiosamente, este fraude es muy visible gracias a las plataformas digitales de alquiler vacacional. Es sorprendente que el alcalde de Madrid, proveniente de una entidad destinada al control fiscal, AIREF, apenas actúe contra el fraude. De hecho parece fomentarlo bajo el lema de la libertad. Sin duda, el mercado se ha impuesto sobre un bien social fundamental para el desarrollo de otros derechos sociales porque sin vivienda, no se pueden desarrollar la sanidad o la educación.

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No solo en Madrid existe este fraude, está generalizado en toda España. De hecho, las comunidades autónomas de Andalucía e Islas Baleares han recibido información del Ministerio de Consumo con datos sobre el número de viviendas turísticas que no cumplen la legislación. En el caso del archipiélago mediterráneo, la oferta de viviendas ilegales es del 30% de las anunciadas en plataformas digitales de alquiler vacacional. Estos anuncios permanecen lejos del control administrativo y fiscal.

Recientemente, desde Consumo, han abierto un expediente sancionador a plataformas como Airbnb por publicidad engañosa, en la que miles de viviendas se anuncian con imágenes de personas que se hacen pasar por "anfitriones", cuando en realidad los propietarios son empresas inmobiliarias que gestionan cientos de viviendas. El ministro Pablo Bustinduy afirmó recientemente que, desde su departamento, están "trabajando para poner orden en el sector y acabar con esta avalancha descontrolada de pisos turísticos que está tensionando el mercado del alquiler y agravando la crisis de vivienda". Parece que han encontrado una forma para hacer visible la parte sumergida del iceberg.

El liberalismo económico del mercado inmobiliario está poniendo en peligro los avances sociales y supondrá en los próximos años, principalmente, dos problemas: una ineficaz redistribución de la riqueza y el aumento de la competencia desleal donde ya no importen las normas que nos hemos proporcionado. Estos dos elementos son el denominador común del fraude de las plataformas digitales, que con su sistema B2B buscan siempre eludir las responsabilidades legales y fiscales. Con este modelo económico unos pocos salen muy beneficiados, mientras que muchos sufren las graves consecuencias de la desigualdad.

Además, como ya demostramos anteriormente en la batalla con las plataformas digitales de reparto, las personas trabajadoras siempre pierden. Nadie es consciente de que las habitaciones se limpian y de que el falso anfitrión que resuelve los problemas a los clientes es una persona trabajadora que no está cotizando de forma adecuada a la Seguridad Social. No sabemos cuántas personas trabajan, pero sí sabemos que muchas de ellas lo hacen percibiendo dinero negro, que se les aplican las condiciones laborales más bajas y, sobre todo, que no están amparadas por el convenio colectivo sectorial de Hostelería, con el que tendrían mejores condiciones laborables.

Este fraude no ha sido cuantificado, nadie ha prestado atención a este tema. Es curioso que Consumo no haya informado a Trabajo del otro fraude, el laboral, que están realizando las grandes tenedoras de pisos turísticos.

Nosotros se lo vamos a recordar y se lo vamos a pedir por escrito a ambos para que lleguen hasta el fondo de este fraude, porque este modelo económico fomenta la desigualdad. Éste es uno de los motivos por los que la gente saldrá a la calle el día 5 de abril para reclamar tener un techo poniendo el foco en las políticas públicas de todas las administraciones, ya sean locales, autonómicas o estatales. UGT también saldrá a la calle a combatir este fraude de todas las maneras posibles.