Adelante pide amparo al Parlamento andaluz tras la querella de la Fiscalía contra su portavoz por criticar a la Policía
"Esta sería la primera vez en la historia del Parlamento y de todo el Estado que le imputan un delito a un diputado por dar su opinión, un precedente muy peligroso", afirma García

El diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha registrado un escrito en el que solicita el amparo del Parlamento autonómico tras recibir una querella de la Fiscalía por unas declaraciones críticas que hizo en Sevilla tras la muerte, ahogado en el Guadalquivir, del mantero Mamouth Bakhoum, que había sido perseguido por la Policía Local. García solicita en el escrito al presidente Jesús Aguirre (PP) que tome cuantas medidas estime para que se "salvaguarden sus derechos" como parlamentario.
García manifestó en una concentración en Sevilla de apoyo al mantero que la muerte de Mamouth había sido consecuencia del "racismo institucional, violencia policial y de represión" y había añadido que "34 camisetas es lo que tenía Mamouth […] para que le persiguiera la Policía Local hasta la muerte". La investigación judicial se archivó al carecer de pruebas de que hubiera delito. La policía aseguró que Mamouth, cuya muerte causó una amplia polvareda en la ciudad, se había lanzado al río él mismo en un comportamiento "inesperado, sorpresivo e incongruente".
En su escrito a Aguirre, el parlamentario expone que el pasado 4 de abril "dos agentes de la policía judicial se personaron" en su "despacho del parlamento" y le notificaron la querella. La Fiscalía Superior de Andalucía considera que esas declaraciones pueden constituir un delito de injurias contra los ejércitos, clases o cuerpos y fuerzas de seguridad del artículo 504.2 de Código Penal". La pena establecida es una multa de doce a dieciocho meses.
El portavoz de Adelante consideró en un comunicado: "Esta sería la primera vez en la historia del Parlamento y de todo el Estado que le imputan un delito a un diputado por dar su opinión, un precedente muy peligroso". "Se me esta acusando de un delito simplemente por opinar, algo que forma parte del ejercicio de mis funciones como diputado del Parlamento; yo tengo la obligación, no solo el derecho, de valorar la actualidad, lo que está pasando en el mundo en Andalucía para así después legislar y poder llevar a cabo las actuaciones dentro del parlamento de Andalucía", agregó García.
García argumenta también que la querella "puede pretender silenciarme o que adapte mi crítica política conforme a unos estrechos márgenes alejados de las funciones de un miembro del legislativo".
Constitución y Estatuto
"Los diputados gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo", recoge el Estatuto de autonomía de Andalucía. "Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones", recoge la Constitución. García considera que, en efecto, sus declaraciones se produjeron en el "marco" de su "actividad" como parlamentario andaluz y portavoz del grupo de Adelante Andalucía.
La Fiscalía, en su querella contra el portavoz de Adelante, para superar la inviolabilidad de los diputados argumenta, por un lado, que no puede considerarse que esta suponga "un privilegio" ni un "derecho personal". Y, por otro, interpreta que las opiniones de García no se llevaron a cabo como consecuencia de actos parlamentarios. Para sostener esta afirmación, la Fiscalía sostiene —más allá del armazón jurisprudencial de la querella— en su escrito que las declaraciones "se realizan en una plaza pública", se llevan a "redes sociales" y "se reiteran y afirman en una rueda de prensa". Estas son tres actividades que los representantes de grupos políticos ejercen de manera cotidiana.
Para Adelante, el asunto es muy grave y supone una intromisión en los derechos de los parlamentarios, avalados por la "jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como del Tribunal Supremo como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", que, afirma García, "es unánime" al rechazar que la vía penal pueda ser utilizada "con la intención de perturbar el funcionamiento de las Cámaras o de alterar la composición que a las mismas ha dado la voluntad popular en Andalucía".
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