La batalla entre Gobierno y PP en el Constitucional suma más de 30 recursos cruzados esta legislatura
La negativa de Aragón a colaborar y aportar datos sobre los menores migrantes genera el último conflicto entre el Ejecutivo y una comunidad en manos del PP.
El Ministerio de Política Territorial que lidera Ángel Víctor Torres ha conseguido hasta 56 acuerdos de competencias mediante el diálogo que han evitado recursos al Constitucional.
Madrid--Actualizado a
El Consejo de Ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado este martes la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por la negativa del Gobierno de Aragón, en manos del PP, a colaborar para aplicar la acogida de menores migrantes. Se trata del último capítulo de una conflictividad entre administraciones que suma ya más de 40 recursos cruzados entre las diferentes fuerzas políticas.
Pero la mayoría de procesos de conflictividad se produce entre administraciones del PP y el Gobierno de coalición. Concretamente, según los datos consultados por Público, se han efectuado en este sentido hasta 32 recursos al TC de un lado y otro del tablero político de los dos principales partidos: 10 de ellos han sido presentados por el Estado frente a medidas de comunidades del PP, y 22 han seguido el camino inverso.
En el acuerdo adoptado este martes en el Consejo de Ministros se citan las declaraciones públicas que hizo la consejera aragonesa, Carmen María Susín, el 19 de marzo de 2025, el mismo día en que se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley para la acogida compartida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Aragón es la única comunidad que no ha aportado los datos requeridos por el Ejecutivo para poder llevar a cabo la reubicación de los menores por todo el Estado.
Según los datos de los informes elaborados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que lidera Ángel Víctor Torres, esta XV legislatura se han presentado 15 impugnaciones desde el Estado a las comunidades autónomas, incluyendo ya la de Aragón. De ellas, 13 son recursos al TC y las otras dos son impugnaciones basada en el Título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
De esas 15 impugnaciones, diez corresponden a comunidades gobernadas por el PP. A comienzos de legislatura, en otoño de 2023, se presentaron dos recursos contra leyes salidas de la Xunta de Galicia. Concretamente una sobre fiscalidad y otra sobre la ordenación del litoral gallego. En ambos casos el TC ya publicó las sentencias, manteniendo algunos párrafos de las leyes y suspendiendo otros.
Las leyes de "concordia"
Uno de los principales caballos de batalla del Gobierno de Sánchez ha sido la memoria histórica. La coalición progresista ha decidido plantar batalla política, y también judicial, al retroceso que suponen diferentes leyes autodenominadas de "concordia" e impulsadas a nivel autonómico por PP y Vox.
En total, hasta el momento se han llevado al TC tres de estas leyes. Todas están pendientes de la sentencia correspondiente. La primera comunidad en ser llevada al tribunal de garantías fue, precisamente, Aragón el pasado año. La derecha y ultraderecha aragonesas derogaron la ley de memoria histórica, que ponía el foco en la dignificación de las víctimas de la dictadura franquista. El TC suspendió cautelarmente esa decisión en junio de 2024.
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Aragón no quiso ni siquiera sentarse a negociar con el Gobierno, un paso previo que suele ser habitual para tratar de evitar los recursos mediante el diálogo. "Fue inusual que no se sentaran para intentar llegar a un acuerdo. Lo normal es que se sienten, ahora tienen ya suspendida su ley", dijo en su momento el ministro Torres.
A continuación, han llegado otros recursos parecidos. En febrero, el Gobierno dio el paso con la derogación de la ley de memoria de Cantabria. Al igual que Aragón, el Ejecutivo autonómico tampoco quiso sentarse a negociar. Un par de semanas después del recurso, el TC paralizó también temporalmente la derogación impulsada por la derecha.
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Más recientemente ha tenido lugar un conflicto con la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso a cuenta de la declaración como lugar de memoria de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico. Ayuso modificó la ley para maniobrar contra el objetivo del Gobierno de dignificar un lugar que fue sede de torturas durante el franquismo.
En marzo terminó presentado un recurso ante el TC y poco después este tribunal decidió suspender de manera cautelar las modificaciones del Ejecutivo madrileño. A su vez, el Gobierno de Ayuso ha presentado también un recurso ante el TC para defender sus posiciones.
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La última acción similar emprendida por el Gobierno de Sánchez en relación con la memoria democrática ha ido encaminada a la Generalitat valenciana y su aprobación de la llamada "ley de concordia" efectuada en julio del año pasado. El Consejo de Ministros acordó el pasado 22 de abril seguir el mismo camino que con las leyes de Aragón y Cantabria.
Ayuso y las leyes trans y LGBTIQ+
Dos leyes más de Ayuso han sido llevadas al TC por el Gobierno de Sánchez durante esta legislatura. En este caso se trata de dos reformas de las leyes de identidad y expresión de género, por un lado, y de protección integral contra la LGTBIfobia, por otro. Ya hay una sentencia, en el caso de la segunda, que anula gran parte de las modificaciones de Ayuso. Concretamente sobre la limitación en procesos judiciales de asociaciones, entidades y organizaciones representativas de este colectivo. Para el otro recurso todavía queda pendiente la sentencia definitiva, pero el TC ha anulado la parte impugnada de manera cautelar.
Por último, el Gobierno también recurrió al TC una serie de medidas fiscales aprobadas en La Rioja. En esta ocasión el Constitucional desestimó directamente el recurso interpuesto por el Ejecutivo de Sánchez.
Por otra parte, el Ministerio de Política Territorial pone en valor que ha sido capaz de llegar a 56 acuerdos competenciales con las comunidades autónomas desde el comienzo de esta legislatura. Estos se han conseguido, apunta el ministerio, a través de un proceso de diálogo y negociación en las comisiones bilaterales de cooperación, que establece el artículo 33.2, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, instrumento jurídicamente habilitado para la colaboración con las comunidades autónomas.
"El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática impulsa siempre la vía de diálogo con el objetivo de agotar todos los medios posibles, dentro de la cooperación con las comunidades autónomas, para reducir al mínimo la conflictividad y, a través del acuerdo, evitar recursos de inconstitucionalidad", señalan fuentes del equipo de Torres.
El PP recurre la amnistía y la vivienda
Según los datos del Ministerio de Política Territorial, la conflictividad impulsada desde las comunidades autónomas hacia el Estado alcanza las 29 impugnaciones. Se trata de 25 recursos al TC y cuatro conflictos. Entre los recursos de inconstitucionalidad, 22 de ellos provienen de administraciones que lideran los populares. El más reciente es precisamente el de Aragón por la acogida de menores migrantes mencionada al comienzo de este artículo.
La mayoría de recursos interpuestos por el PP desde finales de 2023 se basan en la ley de amnistía. Hay en marcha un total de 15 procedentes de diferentes gobiernos autonómicos o parlamentos. Se trata de todos los Gobiernos del PP en Aragón, Galicia, Murcia, Extremadura, Andalucía, Cantabria, Comunitat Valenciana, Castilla y León, La Rioja, Illes Balears y la Comunidad de Madrid.
A estos hay que sumar otros tantos de los parlamentos de Cantabria, la Asamblea de Murcia o las Cortes de Aragón. Hay que recordar que Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE de Emiliano García-Page dio un paso similar. La sentencia del TC se espera para el comienzo del verano y este martes se conocía que la mayoría progresista había expulsado de la deliberación al magistrado conservador José María Macías.
La ley de vivienda también ha sido recurrida de manera airada por el PP. Concretamente en siete ocasiones, cuatro de ellas de comunidades gobernadas por el PP. Se trata de Andalucía, Illes Balears, Madrid y Galicia. A ellas habría que sumar los recursos del Parlament de Catalunya y su Govern antes de la llegada de Salvador Illa a la Generalitat y del Gobierno del País Vasco en manos del PNV.
Los otros tres recursos interpuestos por comunidades del PP son sobre temas más variados. Por un lado, el ya mencionado de Ayuso a cuenta de la declaración como lugar de memoria de la Real Casa de Correos. Por otro, también desde la Comunidad de Madrid se ha recurrido la reubicación de menores migrantes. Por último, el Gobierno de Extremadura ha llevado al TC el impuesto a la banca aprobado por el Gobierno de Sánchez y la mayoría del Congreso.
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