Las irregularidades en las subvenciones y los contratos de la Dirección de Infancia llegan al Parlament

La crisis de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) llega al Parlament de Catalunya en medio de denuncias por presuntas irregularidades durante los mandatos anteriores. La actual consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, comparecerá en la cámara catalana para dar explicaciones, por un lado, del cese el pasado marzo de la anterior cúpula de la DGAIA —Isabel Carrasco y Joan Mayoral— y, por otro, de las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Comptes en la contratación y adjudicación entre 2016 y 2020 de subvenciones a entidades privadas del Tercer Sector que gestionan la acogida de niños y adolescentes.

Una comparecencia que, según ha podido saber Público, se da en paralelo con otra investigación por parte de la Oficina Antifrau de Catalunya y la Sindicatura de Comptes —que pronto publicará un informe al respecto— vinculada a presuntas irregularidades en la DGAIA en el ejercicio de 2022. Martínez Bravo deberá responder a las preguntas de los grupos parlamentarios sobre los ceses que ella misma decretó, pero también sobre las presuntas irregularidades, pese a que ya defendiera este abril que ambas cuestiones no estaban relacionadas y que la destitución de Carrasco y Mayoral obedecía a la necesidad de "nuevos liderazgos".

En este contexto, Público ha tenido acceso a la documentación aportada por un denunciante de las irregularidades, testigo protegido por la Oficina Antifrau. Se trata de un técnico educativo que trabaja en el SEVAP de Girona desde septiembre de 2023. El SEVAP —puesto en marcha en octubre de 2022 por la UTE Fundació Mercè Fontanilles - Resilis— es el servicio que valora y hace el seguimiento de las prestaciones económicas a jóvenes extutelados por la DGAIA. Durante el 2022, pilotaron el Departament de Drets Socials primero la miembro de Junts Violant Cervera (26 de mayo de 2021 – 10 de octubre de 2022) y, después, Carles Campuzano (11 de octubre de 2022 - 12 de agosto de 2024), de ERC.

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En los documentos a los que ha tenido acceso Público, el denunciante explica cómo detectó irregularidades vinculadas a prestaciones económicas indebidas y plazas fantasma a lo largo de los meses en que trabaja en el SEVAP, y cómo este servicio "es conocedor de la realidad que describe y la blanquea". Además, también constata que la DGAIA, "por medio del Área de Soporte al Joven Tutelado y Extutelado (ASJTET), también convive con esta realidad fraudulenta".

Prestaciones indebidas

El testigo protegido denuncia "un fraude en torno al cobro de la prestación económica de jóvenes extutelados que no les correspondería y otro fraude en torno a la prestación de vivienda de jóvenes que no realizarían el copago o que directamente no residirían en ella desde hace meses". En principio, los jóvenes no pueden recibir la Prestación Económica (PE) de 754 euros mensuales si tienen una nómina. Paralelamente, también pueden beneficiarse de la Prestación de Vivienda (PH), pero deben abonar un copago por el piso tutelado en el que viven si trabajan.

De esta manera, el técnico detectó en enero de 2024 que un joven beneficiario de la prestación económica llevaba meses trabajando en València, es decir, que no reunía las condiciones para recibirla. Según explica, tan pronto como se dio cuenta, redactó un informe al respecto, pero su coordinadora del SEVAP lo censuró. Posteriormente, el denunciante se enteró de otros presuntos casos fraudulentos y confrontó la situación. De acuerdo con su relato, él recriminó "malversación de fondos públicos" y "mala praxis educativa", y la superior "admitió esta realidad de forma reiterada".

Con todo, el denunciante también manifiesta haber sufrido "hostilidad y presiones" en el trabajo para que no denunciara y "amenazas" con respecto a su "integridad física por parte de dos jóvenes extutelados perceptores de la prestación económica y conocedores de esta realidad". Como consecuencia, se vio obligado a activar los protocolos de acoso laboral y abuso de poder, y, según apunta en la documentación a la que ha tenido acceso Público, "la única respuesta de la dirección del SEVAP Catalunya y RRHH de la Fundació Mercè Fontanilles" fue invitarle a "abandonar la entidad si no compartía los valores y la manera de hacer".

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Sobre las presuntas irregularidades, Drets Socials ha señalado a Público que la DGAIA "ha puesto en marcha una auditoría completa de los servicios analizados con el objetivo de valorar, según el resultado de esta investigación, la conveniencia de iniciar uno o varios procedimientos administrativos".

Así pues, la DGAIA "ya está trabajando para implementar medidas para mejorar la gestión de las prestaciones y servicios", entre ellas "la agilización de los procedimientos establecidos" para detectar "posibles incidencias", "incompatibilidades entre prestaciones y servicios" o "incumplimientos del deber de informar" por parte de las personas beneficiarias. También se valora la posibilidad de abrir "procedimientos sancionadores en los casos en que se detecten incumplimientos por parte de las personas beneficiarias o de las entidades responsables de su gestión".

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Antecedentes de la denuncia

Hace poco más de un año, la Sindicatura de Comptes ya publicó un informe sobre la contratación pública y adjudicación del servicio de acogida de la infancia y la adolescencia en el periodo 2016-2020. Como cifras clave, la Sindicatura destaca que el número de expedientes abiertos con medida protectora de acogida en un centro residencial a finales del año 2016 fue de 2.975, en 2017 de 3.487, en 2018 de 5.681, en 2019 de 5.677 y en 2020 de 4.246.

Asimismo, a finales de 2016 había un total de 203 centros en Catalunya que prestaban el servicio de acogida por parte de la DGAIA, mientras que a finales de 2020, el número aumentó hasta los 594. El crecimiento de las contrataciones coincide con un gran aumento en la llegada de jóvenes migrantes solos a quienes la DGAIA debía atender. El total de obligaciones reconocidas del periodo fiscalizado fue de 944,46 millones de euros, de los cuales 788,75 correspondían a centros gestionados por la DGAIA y 155,71 millones de euros a centros gestionados por el Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBcn).

En esta fiscalización, la Sindicatura detectó, entre otras cosas, que hasta 2018 la DGAIA contrató 154 centros "por el procedimiento de emergencia sin que se dieran los motivos recogidos en las leyes de contratos para hacerlo". Además, "la DGAIA y el CSSBcn tramitaron gastos por 94,99 millones y 19,59 millones, respectivamente, mediante el reconocimiento extrajudicial de crédito". Según apunta el informe, el CSSBcn pagó gastos por 12,57 millones "sin ningún amparo formal para hacerlo".

La síndica Maria Àngels Cabasés presentó el informe a la Comisión de la Sindicatura del Parlament el 21 de noviembre de 2024. Ante los representantes de cada partido, expuso las irregularidades detectadas y explicó las cinco recomendaciones de la Sindicatura a la DGAIA y al CSSBcn que contribuirían a mejorar los procedimientos de gestión.

ERC —que pilotó Drets Socials entre 2016 y 2021 con Dolors Bassa y Chakir El Homrani al frente— se posicionó en contra del informe y acusó a la Sindicatura de "hacerle el juego a la extrema derecha". Los republicanos defendieron que las irregularidades en la contratación tenían tres causas: la llegada imprevisible de menores migrantes solos, el artículo 155 y la pandemia. A pesar de que los Comuns y el PSC se mostraron de acuerdo con el informe en su presentación, posteriormente votaron en contra de aplicar las recomendaciones. Junts ha exigido "más transparencia y rigor" en este sentido.

Por su parte, Drets Socials señala a Público que la normativa que regulaba la provisión de servicios sociales se ha modificado para adaptarse a un sistema propio, "desvinculado de la contratación pública", de acuerdo con la normativa europea que ya preveía su exclusión. La nueva regulación conceptualiza mejor las situaciones de emergencia, especialmente en lo que respecta a los jóvenes migrantes solos, justificadas por la necesidad de "proporcionar una atención inmediata a las personas en situación de urgencia social y vulnerabilidad, en los casos en que haya un peligro grave para su vida o integridad".

Este colectivo a menudo llega de manera "no prevista ni previsible" y, dado que son menores sin referentes familiares, se requiere una respuesta inmediata para evitar el desamparo. En definitiva, Drets Socials argumenta que "se ha hecho y se está haciendo un esfuerzo para la simplificación de los trámites con el mantenimiento de las máximas garantías y la regularización de las diferentes situaciones con la adecuación a la nueva normativa".

Con todo, la consellera Martínez Bravo, la secretaria de Infància, Adolescència i Joventut, Teresa Llorens, excargos del departamento, y altos cargos de las empresas implicadas, tendrán que explicar en el Parlament esta crisis tan compleja que, a día de hoy, se desconoce a quién beneficia con certeza.