Los conservadores mantendrán la "tensión" hasta el final en el debate sobre la amnistía en el TC
El primer recurso que se estudiará, el 24 de junio, será el que presentó el PP por ser el más extenso y servirá de "pantalla" para la veintena de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que recibió el Constitucional sobre la norma más importante de esta legislatura.
El bloque conservador lanza el mensaje de que la última palabra la tiene el Tribunal de Justicia de la UE, tras el rechazo de Conde-Pumpido a suspender la deliberación.

Madrid--Actualizado a
La estrategia del PP de alargar el debate sobre la ley de amnistía y de cuestionar al Tribunal Constitucional (TC) tendrá un punto de inflexión el próximo 24 de junio, cuando comience el pleno monográfico para resolver en la corte de garantías el primer recurso de inconstitucionalidad contra la norma más importante de esta legislatura y que supone el perdón para los delitos relacionados con el procés independentista.
Con una mayoría de seis a cuatro, tras apartarse del debate el progresista Juan Carlos Campo y ser apartado el conservador José María Macías, previsiblemente el sector progresista impondrá su veredicto sobre que la ley de amnistía se ajusta a la Constitución.
El último intento para retrasar el pronunciamiento del Constitucional se ha producido hace apenas unos días, cuando tres magistrados del sector conservador solicitaron que el tribunal suspendiera la tramitación de los veinte recursos y cuestiones de inconstitucionalidad hasta que se resolvieran las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Hay que recordar que, a finales de julio de 2024, el Tribunal de Cuentas presentó ocho cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía en el marco del procedimiento sobre el desvío de fondos públicos para el procés ante la posibilidad de que colisione con los intereses financieros de la Unión Europea.
También el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya presentó una cuestión prejudicial en el marco del procesamiento de tres ex altos cargos del Govern en 2017 por desobediencia grave, prevaricación y malversación en el contexto de la consulta del 1-O.
La respuesta de la Justicia europea podría estar cerca, puesto que el tiempo habitual de resolución de estas cuestiones ronda entre los nueve meses y el año.
Intento de suspender el debate
Tres magistrados conservadores del Constitucional pedían al presidente Cándido Conde-Pumpido que suspendiera el debate del primer recurso que va a estudiar el tribunal, el presentado por el Partido Popular, hasta que hablara el TJUE. Pero el presidente rechazó la petición, al considerar que el encargo que tiene el Tribunal Constitucional de resolver los recursos que le han presentado sobre la constitucionalidad de la norma no puede dilatarse ni hacerse depender de la respuesta de un órgano jurisdiccional diferente.
Estos magistrados plantearon otra alternativa: que el propio TC presentara al TJUE una cuestión de inconstitucionalidad, algo que suspendería autonómicamente el debate en el seno del tribunal de garantías. Pero el presidente rechazó esta propuesta por no tener dudas que plantear a la justicia europea.
Así las cosas, el pleno monográfico para estudiar el primer recurso por la amnistía se ha fijado para los próximos 24, 25 y 26 de junio. Fuentes del Constitucional consideran que el debate será "tenso" y no estará libre de "críticas internas", como ha sucedido en la órbita de la derecha judicial desde que se aprobó la norma, en mayo de 2024.
Hay que recordar que el Tribunal Supremo presentó una cuestión de inconstitucionalidad, el 11 de julio de 2024, por considerar que la ley de amnistía puede vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley, lo que la convierte en una "decisión legislativa arbitraria", según expuso el magistrado Manuel Marchena, que en aquel momento era el presidente de la Sala Segunda del Supremo.
El regreso de Puigdemont
Fuentes del sector conservador del Constitucional apuntan que el aval a la ley de amnistía que otorgará la mayoría progresista del tribunal no servirá para abrir automáticamente la puerta al expresident catalán Carles Puigdemont y que este no podrá regresar a España sin ser detenido, ya que la última palabra la tendrá, según estos juristas, el TJUE.
Otras fuentes, sin embargo, consideran que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no va a pronunciarse de manera diferente al Tribunal Constitucional, pero si lo hiciera en alguna cuestión concreta, el Gobierno español tendría que instar una reforma de la ley de amnistía en consonancia con lo establecido por el TJUE.
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