Un nuevo nombramiento por parte del fiscal general levanta ampollas en el sector conservador
Álvaro García Ortiz nomina al fiscal del 'caso Palau' y del juicio por el 9-N para dirigir la nueva unidad de delitos contra la Administración Pública, que deberá fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos, por el que está investigado el propio fiscal general.
La mayoría del Consejo Fiscal opta por no votar en señal de protesta por no haberse abstenido el fiscal general.

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Nuevo pleno tenso en la Fiscalía General del Estado este martes cuando el fiscal general ha informado al Consejo Fiscal de siete propuestas de nombramiento, entre ellas la que se refiere a la nueva unidad de Delitos contra la Administración Pública.
Álvaro García Ortiz ha nominado a Emilio Jesús Sánchez Ulled como fiscal de Sala coordinador de delitos contra la Administración Pública, y a Fernando Rodríguez Rey, al frente de la nueva unidad de delitos económicos contra la Hacienda Pública. Estas son las dos nuevas unidades destinadas a la lucha contra la corrupción.
Sánchez Ulled es fiscal desde 1994. En la actualidad se encuentra en servicios especiales, ya que desde junio de 2017 es consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas. Antes ejerció en Badalona, Manresa, Cornellá, Sabadell, Mataró y Barcelona. En 2002 se integró en el Servicio de Delincuencia Económica, y en el Servicio de Cooperación Internacional de esta última Fiscalía.
Desde 2005 hasta 2017 fue Fiscal Delegado de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y de 2000 a 2002 fue designado como Experto Nacional de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) en Varsovia (Polonia), informan fuentes de la Fiscalía General del Estado.
Sánchez Ulled fue el fiscal que actuó en el conocido como caso Palau, sobre el saqueo del Palau de la Música Catalana. También intervino en el juicio por la consulta del 9-N, en el que resultó condenado el expresidente catalán Artur Mas por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
Nueva polémica de los conservadores
Este nombramiento viene acompañado de polémica ya que el nuevo cargo deberá fijar doctrina sobre el delito de revelación de secretos en el marco de la Administración Pública, delito por el que está siendo investigado García Ortiz por el Tribunal Supremo.
Precisamente este lunes la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal y de sensibilidad conservadora, envió una carta al fiscal general donde le instaba a abstenerse de participar en esta propuesta de nombramiento, dado que el candidato elegido tendrá entre sus funciones la de fijar criterio sobre el delito por el que se le está investigando.
Para Cristina Dexeus, presidenta de la AF, "no resulta ni ético ni estético" que proponga candidato para este puesto por poder existir un "interés personal". Dicha designación "afecta a la apariencia de imparcialidad y neutralidad que debe acompañar a la institución", indican desde la Asociación de Fiscales.
El pasado octubre, los vocales de la AF y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en el Consejo Fiscal votaron en contra de la creación de esta nueva unidad especializada al considerar que hay un "solapamiento de competencias" con la Fiscalía Anticorrupción.
Siete de los 12 fiscales del Consejo Fiscal (seis de la AF y uno de la APIF) se han abstenido en la votación como señal de protesta.
En contra de la nueva figura
Para los vocales de la AF, que solicitaron la exclusión en el orden del día de la votación sobre la plaza para dirigir la unidad de delitos contra la Administración Pública, "carece de justificación la creación de esta figura pues su ámbito competencial se prevé respecto de modalidades delictivas ya contempladas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) entre las competencias de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Esto supondrá que será en cada caso el Fiscal General del Estado quien valorará si existe o no la "especial trascendencia" que justifique la intervención de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada o del nuevo Fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública.
Otros nombramientos
El fiscal de Sala Delegado de Delitos Económicos, Fernando Rodríguez Rey, pasará ahora a estar al frente de la unidad especializada en delitos contra la Hacienda Pública, que contará además con dos fiscales adscritos y fiscales especialistas en todo el territorio.
Para la Fiscalía de Sala de Violencia contra la Mujer, el fiscal general ha propuesto el nombramiento de María Eugenia Prendes Menéndez, fiscal superior de Asturias desde septiembre de 2024.
Prendes ingresó en la carrera fiscal en 1988 y obtuvo plaza en la fiscalía de Sevilla desde la que se trasladó a la de Gipuzkoa, donde se especializó en justicia juvenil y protección de menores.
En 1997 se trasladó a la Fiscalía del Tribunal Superior del Principado de Asturias. Desde julio de 2012 hasta finales de 2022, ha sido Fiscal Delegada de Violencia de Género y Doméstica y se ha convertido en un referente de la especialidad. Es miembro del Observatorio Asturiano contra la Violencia sobre la Mujer.
El hasta ahora fiscal adscrito al fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Mario Jesús Sanz Fernández-Vega, ha sido propuesto para ocupar la plaza de fiscal de Sala de esta especialidad.
Además, el fiscal general ha propuesto a Gloria Alonso Ballesteros para la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, y a Elisa Lamelas Oliván y Diego Lucas Álvarez para Anticorrupción.
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