Las instituciones se lavan las manos ante KKR y sus festivales: solo un ayuntamiento le planta cara

¿Cómo deberían actuar las administraciones públicas ante los festivales de música propiedad de KKR? ¿Tendría que pesar más su responsabilidad ética y moral que las pérdidas económicas que les podría acarrear cancelar sus contratos? Quizás algunos ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y organismos turísticos y culturales se hayan hecho estas preguntas, pero todavía no se han manifestado al respecto desde que El Salto publicó un artículo sobre la compra de Superstruct Entertainment por parte del citado fondo proisraelí, con negocios inmobiliarios en territorios palestinos.

Solo el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que siempre se ha caracterizado por su solidaridad con Palestina, ha dado un paso atrás al cancelar su acuerdo de tres años con ShareMusic!, perteneciente a Superstruct y organizadora de los festivales I Love Reggaeton, Love the 90s y Love the Twenties en el municipio ripense. Sin embargo, para evitar los "perjuicios económicos millonarios derivados de una posible indemnización por los gastos ya realizados así como por el lucro cesante", el Consistorio no cancelará los tres eventos, que se celebrarán en junio en el Auditorio Miguel Ríos, cedido a cambio de un alquiler.

"En Rivas hemos decidido romper el acuerdo con esta promotora porque está vinculada a KKR, un fondo que, como se ha acreditado, colabora directamente con la ocupación del territorio palestino. En cuanto conocimos esa información, nos pusimos a trabajar de inmediato en la resolución del contrato. Esta decisión es una muestra más de la ciudad que somos", explica a Público la alcaldesa, Aída Castillejo Parrilla, de Izquierda Unida, consciente de que la cancelación de los festivales de junio afectaría a miles de asistentes, trabajadores, artistas y pymes, al tiempo que las multas terminarían beneficiando a KKR.

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Sin embargo, otras administraciones públicas han optado por el silencio o, a preguntas de este diario, eludido las preguntas iniciales. Aída Castillejo, en cambio, lo tiene claro. "Toda la fuerza de las instituciones debe dirigirse a frenar a quien está perpetrando un genocidio, en defensa de los derechos humanos, la paz y la libertad del pueblo palestino", afirma la alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, un municipio que "lleva décadas manteniendo un compromiso político y social con Palestina: profundo, sostenido en el tiempo y compartido por muchas generaciones de ripenses".

Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València, se muestra prudente ante las rupturas de acuerdos que conllevarían un roto en las arcas institucionales. "Estamos hablando dinero público, y este debe ser bien administrado", explica el autor del ensayo Derechos humanos (Tirant lo Blanch), quien insiste en que "los perjuicios de la cancelación de un contrato pueden llevarse por delante los intereses legítimos de ciudadanos (proveedores, trabajadores, etcétera)", que también resultarían damnificados por las decisiones de las administraciones.

Pese a que piensa que "Israel está cometiendo un genocidio en Gaza", la postura de Flores es moderada respecto a los acuerdos entre administraciones y empresas, aunque se traten de un tentáculo de KKR. "Personalmente creo que, más que cancelar contratos ya establecidos, lo que debe hacerse es rechazar acuerdos futuros con empresas que de forma clara están detrás de violaciones de derechos humanos, y explicarlo públicamente. Son decisiones políticas que definen a los gobiernos que las adoptan", comenta el profesor de Derecho Constitucional, en la línea de la decisión adoptada por la alcaldesa de Rivas.

Del Resurrection Fest a O Son do Camiño

La agencia Turismo de Galicia ha llegado a acuerdos de patrocinio publicitario con los festivales O Son do Camiño, Morriña Fest, Caudal Fest y Resurrection Fest, cuya promotora también depende de Superstruct. Preguntada por su posición respecto al fondo KKR y la ayuda económica a sus eventos en la comunidad autónoma, la respuesta es formal y no alude a Israel: "En la Xunta de Galicia llevamos bastante tiempo haciendo una fuerte apuesta por el turismo de festivales", explican fuentes de la agencia autonómica.

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"En los últimos tres años, más de 2,5 millones de personas participaron en los conciertos o festivales que impulsamos y están generando un importante retorno económico local y una proyección internacional del destino. Los eventos mencionados llevan realizándose muchos años —en algunos casos, más de veinte— en nuestra comunidad con gran éxito de público y retorno en las economías locales. Son festivales con mayoría de participación de empresas gallegas en los que los órganos de decisión son de las empresas gallegas", añaden fuentes de Turismo de Galicia.

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Una respuesta que entronca con la de la empresa propietaria, que dejaba claro que "los festivales asociados con la plataforma Superstruct cuentan con independencia organizativa y operativa total, lo que significa que cada uno de estos festivales decide, a través de su dirección ejecutiva, cómo se articula el festival, los carteles, la experiencia del usuario y todos los servicios que se ofrecen a artistas y creadores". Fuentes de Superstruct añadían que estos eventos "son históricamente dirigidos por promotoras locales y sus valores fundacionales de los festivales no se ven modificados por su incorporación a la plataforma".

La agencia turística gallega señala además que "este año apoyamos más de 100 conciertos y festivales que traerán a Galicia más de 700 artistas de todo el mundo en distintas localidades gallegas". Ninguna referencia a Israel, ni mucho menos a Palestina. "La Xunta patrocina, como otras muchas instituciones y empresas, eventos únicos, cumpliendo de manera estricta la normativa de contratación", añade Turismo de Galicia. "La Administración se somete al principio de legalidad, no al de moralidad", deja claro Fernando Flores respecto a la relación con una compañía que hace negocios con el Gobierno israelí.

"Es difícil aplicar, con carácter general, criterios morales a las relaciones de las administraciones públicas con las empresas", añade el autor del ensayo Derechos humanos. "Es la normativa jurídica la que debe incorporar los criterios éticos en sus disposiciones, obligando a los poderes públicos a rechazar relacionarse con privados que claramente (debe ser demostrado) fomenten, apoyen o vulneren directamente los derechos humanos". Sin embargo, la presión de la Asamblea de Rivas por Palestina aceleró la decisión del Ayuntamiento madrileño, cuya postura siempre había sido clara.

El Sónar y el Ayuntamiento de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, ha explicado a Público que "no otorga ninguna subvención pública el año 2025 a la empresa organizadora del Festival Sónar".

"El Ajuntament ha acordado con la Fundació Sónar (entidad jurídica diferenciada de Advanced Music SL, y que opera de forma autónoma y con objetivos propios) firmar un convenio por valor de 290.000 euros, destinado exclusivamente al impulso del Sónar+D", explican fuentes del Consistorio.

Una iniciativa que, según el Ayuntamiento, "se focaliza en la investigación, la innovación tecnológica, los debates alrededor de la inteligencia artificial y el desarrollo de las industrias creativas".

Fuentes municipales dejan claro que "tanto el Festival Sónar como el Sónar+D desarrollan sus actividades en Barcelona de acuerdo con los protocolos municipales vigentes en materia de derechos sociales, igualdad de género, sostenibilidad y seguridad".

Respecto a la relación entre el Sónar y la Fira de Barcelona (un consorcio formado por el Ayuntamiento, la Generalitat y la Cámara de Comercio de Barcelona), el Consistorio matiza que "es estrictamente de naturaleza comercial, basada en la contratación de espacios y servicios, y no implica ninguna cesión gratuita de locales por parte del Ajuntament".

Rivas Vaciamadrid, Israel y Palestina

Los activistas propalestinos le habían pedido al Consistorio que condenase "el genocidio contra el pueblo palestino y la implicación del fondo KKR en este crimen" y que incluyese "cláusulas éticas y de derechos humanos vinculantes en todas las futuras concesiones de uso de espacios públicos". Fernando Flores, en cambio, discrepa sobre la imposición de ese tipo de condiciones: "Puede resultar controvertido, porque en ocasiones el debate sobre quiénes son los que atacan los derechos humanos no es pacífico (por ejemplo, la postura de parte del feminismo en relación con la transexualidad, y viceversa)".

"Por supuesto, estaría muy bien que se excluyera de las subvenciones a quienes hacen apología del odio, del racismo, etcétera, aunque habría que partir de la constatación (resoluciones judiciales, administrativas o de algún modo institucionales) que certificasen la comisión de acciones contrarias a los derechos humanos", añade el profesor de Derecho Constitucional. "Lo que sí debería preverse es una especial atención a aquellas organizaciones que promuevan y defiendan los derechos humanos". El Ayuntamiento de Rivas insiste en que su decisión refleja su compromiso ético y político con Palestina

Así, Aída Castillejo recuerda que "ese vínculo se refleja en los hermanamientos, en los más de diez años de campos de trabajo juvenil —en los que más de cien jóvenes de Rivas han conocido de cerca la realidad del pueblo palestino— o en propuestas culturales como el festival Grimey X Palestina, que en sus seis ediciones ha reunido a más de 14.000 jóvenes durante nuestras Fiestas, uniendo música, conciencia y solidaridad". Por ello, pese a que Sharemusic! ha condenado "la violencia que está sufriendo el pueblo palestino", el Ayuntamiento considera que "no se dan las condiciones para mantener" la colaboración.

Subvenciones públicas a los festivales de KKR

Público ha intentado conocer la opinión, infructuosamente, de varios ayuntamientos que conceden ayudas a festivales propiedad de KKR. El Ministerio de Cultura, por su parte, remite a las declaraciones de Ernest Urtasun. El pasado sábado dijo que "desde las instituciones tenemos que tratar de garantizar que la cultura no se vea manchada por la participación de este tipo de fondos", por lo que deben establecerse medidas para que "no puedan entrar en el mercado único, en la cultura, en la energía, ni en ningún otro sector estratégico".

Esos fondos, según el ministro, "participan de una medida que es completamente ilegal a ojos del derecho internacional". No se refería solo, matizó, al "genocidio en Gaza", sino también a "la expansión de los asentamientos ilegales". Urtasun subrayó que KKR "no es bienvenido en las actividades culturales de nuestro país porque no queremos que haya un fondo que participe de manera activa en la ocupación ilegal de Palestina", por lo que estimó que "el acuerdo comercial [de la Unión Europea] con Israel debe suspenderse de forma inmediata" por la "vulneración de los derechos humanos".

Las ayudas que concederá este año el Ministerio a través del INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) están en trámite. En 2024, varias empresas pertenecientes a KKR resultaron beneficiadas económicamente gracias a los programas de apoyo a festivales. Aunque en ocasiones los nombres de las compañías difieren de las denominaciones de los eventos, las ayudas recayeron en el Sónar, FIB, Viña Rock, Interestelar, Granada Sound, Resurrection Fest, O Son do Camiño, Morriña Fest o Tsunami Xixón, entre muchos otros.

Arenal Sound y Caudal Fest, por citar dos ejemplos, se quedaron sin la subvención en 2024, que podía ascender hasta los 25.000 euros, porque su proyecto no alcanzó el mínimo de 50 puntos requeridos. Este año lo han vuelto a intentar. A las subvenciones del Ministerio de Cultura habría que sumar las ayudas, económicas o de otro tipo, de los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, así como las de organismos culturales y turísticos dependientes de las citadas instituciones. Luego estarían los patrocinios de empresas privadas, pero esa es otra historia.