Mur y Peromingo deberán aclarar ante la jueza sus versiones contradictorias sobre los 'protocolos de la vergüenza'

Antes del verano tendrán que volver al juzgado los dos ex altos cargos de la Comunidad de Madrid Carlos Mur de Víu y Francisco Javier Martínez Peromingo imputados por las muertes en las residencias, para declarar sobre su presunta responsabilidad en la exclusión de los mayores de la atención hospitalaria durante las primeras semanas de la pandemia. Entonces deberán resolver las contradictorias explicaciones que hasta ahora han dado de su gestión aquellos días, tanto en la comisión de investigación de la Asamblea madrileña como en declaraciones previas en otros juzgados e incluso en entrevistas a los medios: ambos se culpan mutuamente de la elaboración de los protocolos de la vergüenza, las directrices que impidieron el traslado de miles de residentes desde los centros geriátricos donde se habían contagiado de covid hasta los hospitales donde debería habérseles dado tratamiento. 

Su aplicación condujo al fallecimiento de 7.291 personas en las residencias de la Comunidad de Madrid entre marzo y abril de 2020, según sostienen los familiares que los han denunciado por un supuesto delito de discriminación en la prestación de asistencia sanitaria.

La declaración de los dos ex directores generales y del asesor Antonio Burgueño en el Juzgado número 3 de Instrucción de Madrid fueron suspendidas, después de que las sus abogados alegaran que no se les ha dado adecuado traslado de las actuaciones.

La primera discordancia se refiere a la misma autoría de los protocolos. Ante la comisión de investigación de la Asamblea madrileña, el 24 de febrero de 2021, Carlos Mur, que fue director general de Coordinación Sociosanitaria hasta mayo de 2020, admitió haber firmado las “seis versiones” que se hicieron de esas directrices. Pero también aseguró que los textos tenían “como base” un documento “inicialmente elaborado” por Javier Martínez Peromingo, entonces jefe de Geriatría del hospital Rey Juan Carlos. Precisamente quien sustituyó a Mur de Víu como director general en mayo de 2020. Además, detalló, los protocolos incluían “las aportaciones de los expertos geriatras” con los que había mantenido una reunión el 13 de marzo. El objeto de esa cita, dijo, era “dar cumplimiento a la indicación de medicalizar” las residencias, una medida que nunca llegó a ponerse en práctica.

Unos días más tarde, en su comparecencia ante la comisión de la Asamblea madrileña, Martínez Peromingo, sin embargo, aseguró que no había conocido el protocolo hasta el día 17 de marzo, un documento “más restrictivo” sobre el que tanto él como otros geriatras manifestaron su desaprobación. “No, no estábamos de acuerdo ni yo ni la inmensa mayoría”, recalcó ante los diputados. Y se lo dijeron a Carlos Mur: “Que no estábamos de acuerdo y que íbamos a cumplir con el documento que nosotros habíamos elaborado, que era el que nos parecía que más se ajustaba, y él nos dijo que estaba de acuerdo”, explicó entonces.

Ante la jueza, Martínez Peromingo, que ahora es el jefe de Geriatría de la Fundación Jiménez Díaz –perteneciente al grupo Quirón–, deberá detallar cuáles eran los motivos exactos de su rechazo al protocolo presentado por Carlos Mur en aquella reunión. Según sostienen las asociaciones denunciantes, Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia, Martínez Peromingo es el “ideólogo” de los protocolos. Él mismo admitió ante la comisión de investigación que había sido el coordinador del conocido como protocolo técnico.

Los dos desaprobaban los protocolos

Carlos Mur también debería revelar ante la jueza por qué avaló “de forma general” el protocolo en su versión del 20 de marzo pese a su “disconformidad” con algunos de los criterios que establecía para decidir a quién se iba a trasladar a un hospital y a quién no. Mencionó el índice de Barthel, que mide la autonomía de una persona, y la existencia de enfermedad neurodegenerativa. En la comisión apuntó a que lo hizo a la espera de que se hicieran “futuras modificaciones” en el texto. Es decir, tanto Mur como Peromingo rechazaban aspectos fundamentales de los protocolos, pero terminaron dándoles curso.

Cuando un diputado preguntó a Martínez Peromingo por qué creía él que habían destituido a Carlos Mur, el geriatra se limitó a contestar que no lo sabía. También se le preguntó si consideraba que su antecesor “lo había hecho todo bien”. “Creo”, respondió, “que él vivió una situación complicadísima desde todos los puntos de vista, y que cometió muchos errores. Uno de ellos fue, por ejemplo, el envío de los borradores [a los geriatras y a los directores de residencias], o no borradores, no dejándose asesorar”.

Ese es otro asunto que deberán aclarar: si los protocolos eran borradores, como aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o eran documentos oficiales. En una declaración previa como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Carlos Mur dejó claro que los documentos que él firmó no eran “simples borradores” sino “protocolos destinados a homogeneizar criterios” entre residencias y hospitales. Eso sí, matizó que no eran de “obligado cumplimiento” para los directores de las residencias. Ahí sí que coincidió con Martínez Peromingo, que en la comisión madrileña apuntó que se trataba de “recomendaciones, como mucho”.

Las residencias no fueron medicalizadas

Los dos responsables de la Coordinación Sociosanitaria durante la pandemia tienen igualmente mucho que explicar sobre la medicalización de las residencias. Una medida que, según anunció Díaz Ayuso, se había completado ya el 17 de marzo. “En su práctica totalidad están todas medicalizadas”, proclamó en un vídeo. Sin embargo, Antonio Burgueño, el tercer imputado por las muertes en las residencias durante la primera ola del covid, asesor de la presidenta madrileña, socio de una consultora sanitaria y ex director general de hospitales de la Comunidad de Madrid, fue tajante al respecto en una entrevista en El País en junio de 2020: “La medicalización de las residencias no se llevó a cabo. Faltó jerarquía, rapidez y eficacia”, zanjó.

Carlos Mur reveló además los escasos números de la supuesta medicalización de las residencias en su comparecencia ante la comisión de investigación. Sólo 29 médicos y 25 enfermeras de Atención Primaria fueron llevados a las residencias. Hay 475 en toda la Comunidad, de las que entre 65 y 70 eran “muy críticas”, precisó. Entonces, aseguran los familiares en su denuncia judicial, 135 residencias no tenían ningún médico y 106 sólo contaban con uno en turno de mañana.

Una contradicción más: ante los diputados madrileños Martínez Peromingo no dudó en afirmar que todas las residencias de su área habían sido medicalizadas. “Tal y como yo entiendo medicalizar”, matizó.

A juicio de Mur de Víu, habrían hecho falta de 200 a 250 profesionales sanitarios para medicalizar todas las residencias. Esas dos docenas de médicos y enfermeras que sí llegaron a los centros de mayores, añadió, no fue más que el “personal que quedó tras montar el hospital de Ifema”. Al hospital de campaña, que se abrió a partir del fin de semana del 21 y 22 de marzo de 2020, se enviaron 600 médicos y 821 enfermeras, procedentes del cierre de los 37 servicios de urgencias de Primaria. Con ese personal, precisamente, era con el que “en principio se pensaba medicalizar las residencias”, reconoció Carlos Mur a los diputados madrileños. Por el contrario, esos profesionales sanitarios se “canalizaron”, indicó al Juzgado de Instrucción número 9 en una declaración como testigo, “hacia otros dispositivos que se estaban abriendo”, en referencia al hospital de Ifema y a los hoteles medicalizados. 

A Ifema sólo fueron trasladados 23 mayores desde residencias, tal y como reveló el ya ex director general en una entrevista en El País en junio de 2020. “Las residencias de Madrid quedaron sin apoyo médico relevante hasta el 6 de abril”, reveló. Ese día se puso en marcha un “plan de choque ordenado”. Pero hasta ese momento, “incluso los estudiantes de Medicina que eran reclutados acababan en hospitales”.

Un general sin ejército

No hubo medicalización de las residencias pese a que ya el 3 de marzo, según declaró Javier Martínez Peromingo en la comisión de la Asamblea madrileña, se celebró una reunión para hablar de esa medida y de la creación de la figura del geriatra consultor. Diez días después, el 13 de marzo, Carlos Mur mantuvo otra reunión con los jefes de Geriatría de la Comunidad de Madrid para “dar cumplimiento” a la medicalización de las residencias. Ese día fue el primero en que los geriatras de enlace empezaron a denegar el traslado de los residentes enfermos que no cumplían con los criterios de los protocolos. De acuerdo con la denuncia de los familiares de las víctimas, el 80% de los residentes entraban en los umbrales establecidos en el protocolo para el índice de Barthel y la escala GDS –deterioro cognitivo– y podían ser rechazados.

Según sostuvo Antonio Burgueño ante la comisión de investigación, habría hecho falta “un ejército de 250 médicos” para prestar la atención necesaria en las residencias. Esos facultativos deberían haber salido de los centros de Atención Primaria, al tiempo que deberían haberse enviado a los mayores enfermos a “hospitales de agudos y hospitales de larga estancia”, mantuvo. Era una de las medidas, aclaró en una entrevista en El País en junio de 2020, de las 270 que componían el “plan de guerra” –“Ya tenemos un general”, dijeron– elaborado por su equipo de la consultora por encargo de Díaz Ayuso y presentado a los responsables del Gobierno madrileño el 12 de marzo. Un día antes, por tanto, de que comenzase a aplicarse la exclusión de los residentes por su nivel de dependencia.

Burgueño, al que la Comunidad de Madrid presentó ese mismo día como “asesor principal” de la presidenta para coordinar la lucha contra la pandemia, no llegó a hacer realidad su plan de choque. Pero su hija Encarnación fue contratada durante 12 días para ejecutar la que se llamó Operación Bicho, un plan de visitas a las residencias llevado a cabo únicamente por cuatro ambulancias subcontratadas por la empresa de Encarnación Burgueño, Cardio Líder, y encargado por Carlos Mur.

A preguntas de los diputados, Antonio Burgueño no dudó en asegurar que los mayores de las residencias “no fueron bien atendidos”: “Hubo enfermos que murieron sin haber visto un médico”.