El Marchena más político aflora en su gira mediática: "Las acusaciones de 'lawfare' son una infamia"

Estos días el juez Manuel Marchena, magistrado de la Sala Segunda del Supremo, está concediendo entrevistas para promocionar su libro La justicia amenazada (Editorial Espasa), donde repasa las que a su juicio son las amenazas que está sufriendo en estos momentos el Poder Judicial en España. 

Los titulares de esas entrevistas muestran al Marchena más político, que se expresa abiertamente, como ha hecho siempre, sobre procesos legislativos, mientras se queja de que el "poder político no ha superado la tentación de debilitar los mecanismos constitucionalmente concebidos para el control democrático de sus decisiones".

Algunos de los títulos que están dejando esas entrevistas son estos: "Me parece muy grave que un acuerdo político incorpore entre sus cláusulas vigilar a los jueces"; "Hay una legión de aforados en los que el aroma de privilegio es muy intenso"; "Se equivoca quien vea en este libro una amenaza. No está escrito contra nadie"; "Las acusaciones de lawfare son una infamia. Ninguna sociedad sobrevive si no cree en sus jueces".

En el fondo nada es nuevo. El magistrado vuelve a arremeter contra el Ejecutivo por la inclusión del término lawfare [instrumentalización de la justicia] en el acuerdo entre PSOE y Junts de noviembre de 2023 que permitió a Pedro Sánchez continuar como presidente del Gobierno. 

"Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", destacaba el texto firmado entre los socialistas y el partido de Carles Puigdemont.

Este párrafo se convirtió en una de las obsesiones de la derecha judicial. Incluso se convocaron concentraciones a las puertas de las audiencias provinciales para protestar por ese acuerdo y por extensión contra la ley de amnistía. 

"Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial nunca han pasado buenos momentos. Pero en la actualidad, la permanente descalificación de los jueces por el poder político abre un escenario insólito en esa relación", ha dicho Marchena en el diario Abc en una más de sus críticas al poder político. 

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Sin embargo, no repara en las descalificaciones que reciben miembros del Ejecutivo por parte de algunos jueces que nunca llegan a ser sancionados por el CGPJ por su exceso de crítica política, pese a que la Ley Orgánica del Poder Judicial les prohíbe las felicitaciones o censuras a las autoridades del Gobierno.

Otra de las críticas de Marchena al Gobierno de Pedro Sánchez advierte del riesgo de legislar ad hoc y "con nombres y apellidos", en una velada crítica a la situación procesal de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y la reforma que plantea el Gobierno para limitar la acción popular en los procedimientos judiciales.

"Recurrir sistemáticamente a iniciativas legislativas que no pasan el filtro de los órganos consultivos no es un buen método", ha dicho Marchena en Abc.