Fernando Martín acepta la pena de tres años y cuatro meses que pide la fiscal por la trama de la Gürtel en Arganda del Rey

Fernando Martín, expresidente de Martinsa y del Real Madrid, ha aceptado la petición de pena de tres años y cuatro meses propuesta por la fiscal, que había rebajado la solicitud de condena tras la confesión del empresario sobre la actividad de la Gürtel en Arganda del Rey. Martín admitió hace unas semanas el pago de una mordida de 25 millones a la trama para asegurarse que se le adjudicaban unas parcelas en el municipio madrileño cuando los populares gobernaban allí. 

Martín y el resto de los acusados –excepto uno– han aceptado en el juicio la nueva petición de la fiscal, que ha pasado de proponer 19 años y medio de prisión a tres años y cuatro meses de cárcel. Lo mismo ha ocurrido con el exalcalde del PP en Arganda del Rey, Ginés López, que ha pasado de enfrentar una pena de 17 años a otra de cinco años y siete meses.

El cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, también ha visto rebajada su solicitud de pena desde los 29 años a los ocho años y diez meses. Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP de Galicia y hombre de confianza del empresario, ha corrido la misma suerte. Benjamín Martín Vasco, exdiputado de los populares en la Asamblea de Madrid, también pasa de una petición de 20 años a otra de seis años. Los tres procesados han aceptado las propuestas de la fiscal.

Ginés López confesó que entre 2002 y 2008 recibió dádivas en efectivo y en especie por valor de 545.328 euros por sus gestiones para adjudicar contratos de eventos y obras a empresas de Correa y a otras para las que este intermediaba. Benjamín Martín Vasco reconoció que cobró de la trama 363.295 euros. La mordida de 25 millones es una de las comisiones más elevadas de las conocidas en los procedimientos de la trama Gürtel.

También ha aceptado la petición de la fiscal de seis años y tres meses de cárcel Juan Fernández Caballero –para quien antes el Ministerio Público solicitaba 29 años–, que era consejero delegado de la Sociedad de Fomento de Arganda. Alfonso García Pozuelo, expresidente de Constructora Hispánica, otra de las empresas adjudicatarias de contratos por intermediación de Correa, ha aceptado la pena de un año y nueve meses de cárcel, considerablemente inferior a la petición inicial.

En total, 18 de los 19 acusados, es decir, todos los que han confesado los hechos, se han conformado con las penas recogidas en las conclusiones definitivas de la Fiscalía. En esta lista figuran tanto cargos municipales como empleados de Correa en su entramado empresarial. La causa se ha seguido por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad en documento mercantil, insolvencia punible, malversación de caudales públicos y delitos contra la Hacienda Pública. El único acusado que ha negado haber participado en la trama es el abogado Luis B.T., exasesor jurídico de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey.