El juez Peinado se apoya en Vox para añadir un quinto delito en la causa contra Begoña Gómez

Nueva sorpresa del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, donde su titular, el juez Juan Carlos Peinado, ha sumado este martes un nuevo investigado y un nuevo delito en la causa que abrió hace un año a raíz de una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, basada en recortes de prensa. 

Ahora otra querella, en este caso de Vox, sirve al juez para articular una nueva investigación por malversación. Llama la atención que Peinado haya esperado tres meses y medio para admitir a trámite una querella de Vox contra el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por un presunto delito de malversación, en calidad de secretario general de la Presidencia del Gobierno en 2021. Dice Vox que Martín Aguirre fue el "superior jerárquico" de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez. 

De este cargo de confianza han disfrutado todas las cónyuges de los presidentes del Gobierno español. Pero el juez Peinado considera que las tareas profesionales de Begoña Gómez en la Universidad Complutense, donde codirigió la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, son "funciones privadas", asumiendo lo que Vox plasma en su querella, a la que ha podido acceder este diario: "Si bien en otras ocasiones, las esposas de los presidentes del Gobierno de España han contado con el apoyo de asistentes personales, las funciones que desempeñaban quedaban circunscritas en la ayuda para el desarrollo de la actividad vinculada a la actividad de su esposo, pero en ningún caso, para el mejor desarrollo de la actividad profesional en los casos en las que la mantuvieron".

Así, el juez Peinado logra introducir en la causa contra Begoña Gómez un quinto delito, el de malversación de caudales públicos por el que investiga desde este martes al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, al que cita el próximo 14 de mayo. Martín es ya el sexto investigado en la causa, junto a Begoña Gómez; Cristina Álvarez; el rector de la Complutense, Joaquín Goyache; el directivo Juan José Güemes; y el empresario Juan Carlos Barrabés. 

Según el juez, "existen indicios de ese posible delito (...) por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los presupuestos generales del Estado y, por tanto, con fondos de naturaleza pública".

Peinado, que atribuye a Begoña Gómez cuatro delitos —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida—, investiga ahora por el delito de malversación, penado con hasta ocho años de cárcel, a un cargo muy cercano a Pedro Sánchez, Francisco Martín Aguirre, que forma parte de la Ejecutiva del PSOE de Madrid como secretario de Política Institucional. Es delegado del Gobierno en Madrid desde marzo de 2022, cuando sustituyó a Mercedes González, nombrada entonces directora general de la Guardia Civil.

La fuerza del trabajo

Peinado invoca jurisprudencia del Supremo para aplicar un concepto amplio del delito de malversación. "Por caudales o efectos puestos a su cargo, han de entenderse, no solo el metálico, sino que el concepto penal de 'caudales' es mucho más amplio abarcando, sin ánimo exhaustivo, los billetes de lotería, el capital de las sociedades públicas, los bienes muebles y en general cualquier clase de bienes muebles y con valor económico, dinero, efectos negociables u otros bienes o derechos que forman parte de un activo de un patrimonio público".  

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"Y también, y esto es relevante, a los efectos de esta causa cualquier bien y fuerza de trabajo, incluidos por consiguiente aquellos supuestos en los que se utiliza a un empleado municipal en horas en las que debe prestar su servicio en el Ayuntamiento, y se beneficia de dicho trabajo un particular", indica Peinado en su auto refiriéndose a una sentencia del Supremo de 2018.

Tras la pista de Bolaños

La imputación del delegado del Gobierno se produce dos semanas después de que Peinado se trasladara hasta el Palacio de la Moncloa para tomar declaración como testigo al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en su calidad de ex secretario general de la Presidencia del Gobierno, en 2018, cuando fue contratada la asesora de Gómez. 

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Bolaños declaró que, pese a que no fue jefe de Cristina Álvarez,  su contratación se hizo conforme la ley, recordando que es un cargo de libre designación. En este sentido, fuentes cercanas a la investigación subrayan que el juez parece desconocer en qué consisten estos puestos de personal eventual de confianza. 

Por su parte, Francisco Martín, el delegado del Gobierno en Madrid, ha convocado a los medios este martes, tras conocerse su imputación: "Llevamos meses atendiendo a una sucesión de citaciones y en esta ocasión me ha tocado a mí", ha clamado. "Tengo la conciencia muy tranquila y no me siento en absoluto concernido en este procedimiento al que se me cita. Confío en que con mi declaración consiga aclarar cualquier atisbo de duda", ha señalado Martín Aguirre. El delegado del Gobierno ha mostrado su "voluntad de colaborar con la justicia" y ha dicho que confía "plenamente en el sistema judicial" y las instituciones españolas. "Estoy convencido de que todo este ruido terminará", ha añadido, informa Miguel Muñoz.